La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que implementará el “3 de 3 contra la violencia”, con el fin de impedir a violentadores de mujeres sentenciados y deudores alimentarios morosos, lleguen a cargos públicos.
El proyecto que será enviado al Senado de la República, fue aprobado por 455 votos a favor y 25 abstenciones de integrantes del Partido del Trabajo (PT).
El vicecoordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández, intentó frenar los cambios legales, al promover moción suspensiva que fue rechazada incluso por algunas de sus compañeras de bancada.
Te podría interesar
Fernández Noroña argumentó que las medidas son desproporcionadas, no reducirán “ni un milímetro” la violencia que sufren las mujeres y se utilizarán para sacar de la competencia electoral “perversamente”, a los adversarios políticos.
“Esta iniciativa no va a mover un milímetro la violencia en contra de las mujeres, en las colonias, en los barrios, en los pueblos, un milímetro no lo va a mover. Van a seguir siendo víctimas de esa violencia”, advirtió.
“Y sí se va a utilizar perversamente como se ha utilizado hasta la fecha para sacar de toda actividad política a compañeros y a compañeras. Les digo a las mujeres que 20 por ciento de quienes están en el padrón de violentadores, son mujeres, si creen que a ustedes no les va a tocar”, advirtió.
El congresista incluso afirmó que la reforma solo contribuirá a dar “muerte civil de por vida” y a imponer una sanción desproporcionada por igual, a quienes incurran en delitos graves y en conductas no graves, de violencia de género.
Ningún agresor al poder
Por el contrario, congresistas de todas las fracciones calificaron la reforma como histórica.
Sentenciaron que con los cambios, ningún agresor de mujeres con sentencia en firme y tampoco los deudores alimentarios que se niegan a cumplir esa responsabilidad, podrán llegar a puestos de representación popular, de poder ni en el servicio público, en ningún orden de gobierno.
“Un avance histórico en materia legal, al prohibir el registro como candidato o candidata a cualquier cargo de elección popular para que no pueda ser nombrada para ningún empleo, cargo o comisión en el servicio público, fijando por ley los casos en los que se pierden o suspenden los derechos como ciudadano”, anotó la diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Lidia García.