La Presidencia de la República, así como el presidente del Senado, Alejandro Armenta, y la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Karla Almazán, ambos congresistas de Morena, impugnaron la suspensión que les concedió el ministro Alberto Pérez Dayán a legisladores y partidos de oposición para el efecto de que las reformas del llamado plan B no se apliquen en los Estados de México y Coahuila, entidades que este año renovarán sus gubernaturas.
Los recursos de reclamación fueron admitidos a trámite y turnados a una de las ministras de la Segunda Sala, donde están adscritas Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
En este contexto, Pérez Dayán admitió a trámite otras 10 controversias constitucionales que interpusieron municipios gobernados por el PRI y el PAN para impugnar las reformas a la Ley General de Comunicación Social (LGCS) y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), mismas que conforman la primera parte del plan B.
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Entre los municipios que controvirtieron el decreto se encuentran: Nava, Parras, Arteaga, Morelos, Progreso, Jiménez, Guerrero y Piedras Negras, en Coahuila; Delicias, Chihuahua, y Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
Las autoridades municipales argumentaron que el decreto genera una afectación directa en su autonomía presupuestaria en tanto que los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federales se extralimitan o desbordan las facultades que tienen encomendadas constitucionalmente, motivo por el cual solicitaron la suspensión.
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Sin embargo, Pérez Dayán les negó la medida cautelar, toda vez que no hay ningún derecho humano vulnerado.
A la fecha, ya suman 49 las controversias que son admitidas a trámite por el ministro de la Corte, entre las que se encuentra la que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE).