Una juez de distrito admitió a trámite el primer juicio de amparo contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
La demanda de garantías se presentó el pasado 2 de marzo de este año, es decir, el mismo día en el que el decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
En el escrito, el quejoso, cuyo nombre se reservó, impugna el artículo décimo séptimo transitorio, el cual establece que Edmundo Jacobo Molina debe ser cesado de su cargo como secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) el mismo día de la publicación del decreto en el DOF.
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Según el acuerdo publicado este lunes, la parte quejosa solicitó la medida cautelar; sin embargo, la impartidora de justicia no dio a conocer si se la concedió.
En este contexto, 147 empleados del INE presentaron un juicio de amparo contra el plan 'B' de la reforma electoral, ello con el fin de no perder sus empleos, así como para proteger sueldos y salarios.
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Rodolfo Martínez, representante de la firma Trusan & Roma Abogados, explicó que los empleados son del servicio profesional electoral y de las áreas administrativas.