El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite otras 30 controversias constitucionales que interpusieron municipios gobernados por el PRI y el PAN para impugnar las reformas a la Ley General de Comunicación Social (LGCS) y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), mismas que conforman la primera parte del plan B.
Entre los municipios que controvirtieron el decreto se encuentran: Metepec, Chapa de Mota y Huixquilucan, Estado de México; General Cepeda y Sabinas, ambos en Coahuila, así como los municipios de Durango y Mérida.
Corregidora, en Querétaro; León, Acámbaro, Santiago Maravatio, Jaral del Progreso, Coroneo, Dolores Hidalgo, Pénjamo y San José Iturbide, en Guanajuato, y Venustiano Carranza, en Michoacán, entre otros.
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Las autoridades municipales argumentaron que los cambios en dichas leyes vulneran su autonomía, al ordenar que no puedan destinar más del 0.1 por ciento de su presupuesto para gastos de comunicación social, motivo por el cual solicitaron la suspensión.
Sin embargo, Pérez Dayán les negó la medida cautelar, toda vez que no hay ningún derecho humano vulnerado.
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A la fecha, ya suman 39 las controversias que son admitidas a trámite por el ministro de la Corte Alberto Pérez Dayán, entre las que se encuentra la que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE).