JUSTICIA

Propone diputado priista aumentar penas contra extorsionadores

El legislador argumentó que la iniciativa obedece a la necesidad de atender este problema urgente y actualizar un tipo penal que no ha sido reformado hace casi 30 años.

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El diputado del PRI, Carlos Iriarte Mercado, propuso aumentar las penas a quienes cometan el delito de extorsión, al imponer de dos a diez años de prisión y de 500 a mil días de multa, con independencia de las sanciones correspondientes por formar parte de una asociación delictuosa o de la delincuencia organizada.

La iniciativa contempla reformar el artículo 390 del Código Penal Federal y precisa que dichas sanciones serán para quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial.

También, al que sin derecho obligue a un comerciante a adquirir un bien o servicio de un tercero, lo requiera o no; obligue a un comerciante al pago, por medio de dinero, en especie o cualquier otro, a cambio de permitir el libre desarrollo de su actividad comercial, y obligue a servidor o servidora pública a permitir una actividad comercial.

Plantea que cuando el delito sea cometido por alguna servidora o servidor público, algún integrante o ex integrante de una institución policial, de investigación, de procuración de justicia o de las Fuerzas Armadas, la pena se incrementará hasta en una mitad.

El diputado Iriarte Mercado expone que la iniciativa obedece a la necesidad de atender este problema urgente y actualizar un tipo penal que no ha sido reformado hace casi 30 años cuya conducta punible ha evolucionado dolorosamente, trastoca cada vez más la calidad de vida de las y los mexicanos y requiere de cambios para mantenerlo vigente.

Argumenta que la extorsión contra los negocios es el delito más cometido a nivel nacional y particularmente en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas, es decir en 21 de las 32 entidades. Y en 5 más, como Coahuila, Colima, Guanajuato, Estado de México y Tlaxcala, es el segundo que más se comete.