Este viernes la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un recurso de reclamación en contra de la suspensión de la extinción de fideicomisos del Poder Judicial que ascienden a más de 15 mil millones de pesos.
Asimismo, hace “un nuevo llamado al máximo tribunal para que honre la palabra de su presidenta, Norma Piña, y permita que dichos recursos públicos, propiedad del pueblo, se utilicen para la reconstrucción de Acapulco”.
En un comunicado, el órgano de la Presidencia de la República considera “lamentable que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek, a pesar de haberse pronunciado, anticipada y públicamente, en contra de la reforma al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no se haya excusado de conocer de las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra del decreto legislativo que instruye la desaparición de aquellos fideicomisos del PJF que no estén previstos en alguna norma, lo cual hace evidente su falta de imparcialidad y objetividad, requisitos necesarios en todo juzgador”.
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“Así, no es extraño que, de manera arbitraria, haya suspendido todos los efectos del decreto impugnado, sin importar que el artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución disponga expresamente que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no puede dar lugar a la suspensión de la norma cuestionada, incluidos las disposiciones transitorias”, se agrega en el boletín.
“Para justificar el otorgamiento de la suspensión, el ministro instructor señala que, de no detenerse la extinción de los fideicomisos, se causaría un daño irreparable al derecho de acceso a la justicia de la ciudadanía, lo cual resulta falso porque la función jurisdiccional está garantizada con los recursos del Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados” se añade en el comunicado de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
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“Debe recordarse que fue la propia ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, quien públicamente solicitó analizar la posibilidad de destinar los recursos derivados de los fideicomisos del Poder Judicial y de la SCJN para la atención a población damnificada en Acapulco, Guerrero”, se apunta en el despacho oficial.