La Cámara de Diputados aprobó con una votación marginal de apenas 217 votos a favor, 158 en contra y dos abstenciones, la reforma a la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución.
Los cambios obligarán al Poder Judicial a pagar por las comunicaciones escritas que envíe, vía correo certificado y telegramas, servicio que hasta el momento es gratuito.
Al defender el proyecto, congresistas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) negaron que la decisión de cobrarle el correo al Poder Judicial, tenga la intención de debilitar a esa institución.
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En contraparte, la oposición acusó venganza y un intento más de pegarle al Judicial.
Gasto millonario por el correo judicial
La reforma promovida por el vicecoordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Leonel Godoy, indica que el Poder Judicial, cuando requiera utilizar los servicios públicos de correos y telégrafos, “deberá cubrir el costo correspondiente, conforme a su presupuesto asignado para tal fin, y en la forma, plazo y modalidad que para este efecto se establezca en el convenio respectivo”.
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Agrega que si los jefes y encargados de oficinas públicas de comunicaciones se niegan a recibir o transmitir los mensajes del Poder Judicial, excepto cuando éste no pague por la prestación del servicio, serán sancionados con multa de 100 a mil días.
Indica que en 2022, se modificó la denominación de Telecomunicaciones de México, Telecomm, también conocido como Telégrafos, por el nombre de Financiera para el Bienestar, FINABIEN, aunado a que se creó el organismo Telégrafos Nacionales.
Al argumentar a favor, el promovente subrayó que el gasto por el correo del Poder Judicial es multimillonario y si esa instancia pagara por el servicio, las instituciones del sector tendrían recursos suficientes para modernizarse y operar en mejores condiciones.
“Que son empresas del Estado que deben de fortalecerse, eso es lo que buscamos”, dijo Godoy Rangel.
Añadió que de 2006 a 2023, Correos de México dejó de captar 310 millones de pesos, por enviar la correspondencia del Poder Judicial, incluyendo la referente a juicios de amparo.
Mientras que de 2012 a 2022, el organismo llamado FINABIEN, antes Telégrafos, dejó de recibir 7 mil 647 millones de pesos.
Venganza contra el Poder Judicial
Al pronunciarse en contra, los congresistas del bloque de oposición aseguraron que los cambios son una nueva venganza del Poder Ejecutivo contra el Judicial y un intento de minar sus capacidades por la vía financiera.
Cuestionaron por qué el proyecto no avanzó cuando el ministro en retiro, Arturo Zaldívar, y que ahora se ha sumado al proyecto político morenista, era el presidente de la Corte y la Judicatura.
“Esta no es una reforma que mejore al servicio postal mexicano, que mejore nada que tenga qué ver con comunicaciones o con comunicaciones de ningún tipo, esta es una reforma que como muchas otras, pretende solo atacar o debilitar al Poder Judicial Federal”, recriminó la vicecoordinadora de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano.