La Comisión Nacional de los Derechos Humanos(CNDH) emitió una recomendación por la agresión con arma de fuego que sufrieron dos personas que circulaban en calles de Puerto Vallarta, Jalisco por parte de elementos de la Guardia Nacional y en donde falleció una de ellas, mientras que la otra resultó lesionada.
El documento recomendatorio 138VG/2023, está dirigido a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al comandante de la Guardia Nacional.
De acuerdo con las quejas presentadas por este caso, el día de los hechos, ambas personas transitaban en un automóvil en dicha ciudad cuando se encontraron de frente con varias camionetas de la Guardia Nacional, cuyos ocupantes comenzaron a dispararles sin justificación.
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La CNDH señaló que los uniformados argumentaron que utilizaron la fuerza letal para repeler una agresión con arma de fuego por parte de la persona que perdió la vida, sin embargo, las pruebas químicas que le fueron practicadas para saber si había disparado resultaron negativas.
En tanto, el vehículo oficial en el que se transportaban los agentes de seguridad no presentó ningún impacto de bala. Por el contrario, la mecánica de lesiones efectuada a dicha persona estableció que el trayecto del disparo que le quitó la vida fue de atrás hacia adelante.
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Además, la Guardia Nacional argumentó que la persona había sido atropellada por su acompañante cuando descendió.
Sin embargo, según el testimonio de la víctima sobreviviente, al percatarse de que eran agredidos, detuvo el automóvil y su acompañante descendió del vehículo; de inmediato fue obligado a tirarse al suelo por un lapso de 20 minutos, sufriendo quemaduras en diversas partes del cuerpo debido al calor emanado por el pavimento.
La persona lesionada fue trasladada por los propios agentes al Hospital Naval de la Secretaría de Marina y luego al Hospital General número 42 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde falleció por un choque hipovolémico provocado por el disparo.
Por ello, la Comisión Nacional recomendó al comandante de la Guardia Nacional efectuar los trámites necesarios para que la víctima sobreviviente, así como cuatro víctimas indirectas más puedan ejercer su derecho a la reparación del daño.
Asimismo, deberá colaborar en la investigación que, para deslindar responsabilidades, se lleve a cabo contra las personas servidoras públicas involucradas, tanto en la Fiscalía General de la República como en el Órgano Interno de Control.