El gobierno mexicano admitió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la región de las Américas vive una situación de emergencia por la venta y proliferación de armas de fuego.
A través de la secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena detalló que en el caso de México, cada año se trafican ilegalmente 200 mil armas de fuego “y este fenómeno tiene un importante factor transfronterizo, pues la adquisición de armas de fuego por particulares está sumamente controlada solamente existe un distribuidor y una tienda de armas, situada en la ciudad de México y administrada por el ejército”.
“En los estados americanos nos encontramos ante una situación de emergencia compartida por varios países de la región que debe de ser atendida y que debe enfocarse en el papel que tienen los actores privados en potencializar las posibles violaciones de derechos humanos”, expuso.
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Destacó el impacto diferenciado que tiene la violencia armada en grupos vulnerables, Tales como las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes y la población LGTB y más, “la disponibilidad indiscriminada de armas de fuego, afecta la situación social y económica de muchas familias al ser niños, niñas y adolescentes, pierdan a sus padres y a sus madres”.
Confió la funcionaria que la CIDH tenga una resolución positiva para evitar un tráfico indiscriminado de armas en la región. “El Estado mexicano solicita a la CIDH que se pronuncie sobre la posibilidad de que las actividades negligentes o intencionales de las empresas de armas puedan derivar vulneraciones a los derechos humanos, como es el caso del derecho a la vida y a la integridad personal”.
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“Se solicita la Corte señalar si puede existir responsabilidad por la falta de la debida, diligencia de las empresas de armas en sus actividades y determinar cuáles son las obligaciones tanto de los actores privados como de los estados, en cuyas jurisdicciones realizan sus actividades para proteger y garantizar los derechos humanos”, indicó.