La Cámara de Diputados aprobó con 419 votos a favor y 23 abstenciones, la reforma en materia penal y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que regula y penaliza el uso indebido de drones.
Al presentar el dictamen, la diputada de Morena, Rosangela Peña, manifestó que se están creando tipos penales para sancionar el uso y modificación de drones para cometer delitos, con prisión por más de 53 años, como castigo máximo.
Los aparatos no pilotados modificados, dijo la legisladora, serán considerados armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
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“Estaríamos fortaleciendo la política contra el crimen en el país, al crear tipos penales que permitan la debida sanción de conductas delictivas que se cometen a través del uso y modificación de drones”, explicó la legisladora.
“Estaríamos actualizando la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a efecto de considerar como armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, todas aquellas aeronaves pilotadas a distancia y modificadas para transportar y detonar explosivos”.
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Crimen organizado usa drones
Al fundamentar el dictamen, Peña Escalante recalcó que la falta de estrategia eficaz de combate al crimen, en gobiernos anteriores, provocó el crecimiento y fortalecimiento de los grupos delincuenciales, que comenzaron a utilizar esos artefactos, para ampliar sus actividades ilícitas.
“Halconeo”, labores de vigilancia y localización de personas y sitios, así como cargar y lanzar y detonar explosivos, detalló la parlamentaria, han sido algunos de los usos que la criminalidad ha dado a las aeronaves no pilotadas.
Refirió que las autoridades en el país, han registrado más de 600 ataques con drones equipados con explosivos y sustancias químicas, la mayoría de estos, realizados en Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, no solo contra elementos e instituciones de seguridad, sino contra la población civil.
A modo de ejemplo, recordó casos notorios como el de ataques con drones lanzados en distintas comunidades en Michoacán, en enero de 2022.
Un acto similar se realizó el pasado mes de julio de 2023, donde un grupo de viviendas del municipio de Apatzingán sufrieron daños por un ataque con drones y una persona resultó herida de gravedad.
Ley ambigua y riesgosa: MC
El proyecto que será enviado al Senado de la República, fue criticado por la fracción del Movimiento Ciudadano (MC), que alertó sobre la ambigüedad y amplitud de las penalizaciones que incluso podrían criminalizar a periodistas.
El diputado Braulio López, que se posicionó en contra, aunque su bancada votó en abstención, señaló que si bien el propósito del planteamiento es adecuado, para impedir que la delincuencia organizada use naves no pilotadas con fines delictivos, el modo en que se están estableciendo restricciones y penas, es excesivo y tan abierto, que podría implicar la criminalización de quienes utilicen esos implementos con otros propósitos.
“El intento de regular de la manera en que se está haciendo y el tipo penal y en las agravantes que se están estableciendo, se dejan demasiado abiertas (…) Que con este tipo penal se comience a criminalizar a periodistas que hagan ciertas tomas, que hagan ciertos videos, que ocupen drones para estas cuestiones”, alertó el congresista.
López Ochoa agregó que el dictamen también sanciona acciones de “vigilar actividades de personas servidoras públicas con la finalidad de conocer y reportar su ubicación para evadir su acción o ejecutar agresiones en su contra”, lo cual consideró, no tiene la precisión necesaria, por lo que podría derivar en abusos.
El proyecto aprobado señala que se sancionará con 15 y hasta 40 años de cárcel; y con multa de 400 a mil 200 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quien utilice drones para cometer delitos.
La sanción se incrementará hasta en un tercio, por lo que podría superar los 53 años, cuando se utilicen drones y sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares; material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, provoquen incendios, inundación o por cualquier otro método violento y de manera intencionada.
Ello, con el fin de afectar bienes y servicios sean públicos o privados, o contra la integridad de las personas.
Contempla sanciones de 10 y hasta 20 años de cárcel, a quien use drones para arrojar cualquier objeto o artefacto explosivo, explosivos improvisados o armas, sustancias químicas que puedan ser usadas como explosivos.
También, cuando lo lanzado desde un dron o con un dron, impacte a alguna persona o propiedad con el propósito de causar daño.
Penaliza con 5 a 10 años de cárcel, a quien importe, manufacture, arme, adquiera o adapte drones para transportar explosivos, explosivos caseros, armas, drogas sintéticas y demás materiales regulados por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
También propone penar con 3 y hasta 10 años de cárcel, a quienes utilicen esas aeronaves manejadas a distancia, y estén equipadas con dispositivos para grabar audio o video o fotografiar, empleando medios electrónicos, con el fin de vigilar a servidores públicos, para dar a conocer su ubicación, evadir su acción y actuar en su contra.
Esas conductas ameritarán el decomiso de los aparatos y equipos producto del delito, indica la reforma.