El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez publicó la segunda edición del Informe "Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense", en el que enlista al menos 14 eventos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas y contabilizó en más de 63 hechos de uso de la “fuerza letal” casi 100 víctimas.
A un año de que se publicaron las reformas por las que se amplió hasta 2028 el plazo temporal durante el que la Fuerza Armada Permanente podrá realizar tareas de seguridad pública en el país, el Centro Pro recordó que en México urge un proceso de fortalecimiento de controles civiles externos para tornar más eficientes las políticas de seguridad, para reducir cabalmente las violaciones a derechos humanos y para reconducir la relación cívico-militar.
Entre la información actualizada de este informe se encuentra un recuento del proceso jurídico y político en este sexenio, analizando específicamente las recientes reformas que han derivado en una notable e innegable ampliación de la preeminencia militar. Así, el reporte analiza detalladamente más de una decena de reformas y actos jurídicos que han aumentado el poder castrense.
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Adicionalmente, el Informe confirma que los controles civiles internos y externos sobre las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional se han seguido debilitando. Por ejemplo, actualiza los datos sobre el número de expedientes de investigación de la Guardia Nacional que se han abierto en la Unidad de Asuntos Internos de dicha corporación, que hasta el 4 de julio de este año ascendían a 11 mil 186 mostrando cómo de éstos, en 449 expedientes se dio vista a los Consejos de Disciplina competentes para determinar la responsabilidad disciplinaria correspondiente; en 320 se dio vista al Órgano Interno de Control para deslindar la responsabilidad administrativa de los elementos involucrados; y, en 261 se dio vista a las fiscalías competentes en casos penales.
En estos casos, sin embargo, no se acreditan sanciones suficientes e idóneas para los perpetradores. Es decir, el Informe acredita que los controles sobre la Guardia Nacional no están funcionando, al tiempo que documenta que ésta corporación continúa inercias nocivas desarrolladas por la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad, señaló el Centro de Derechos Humanos.
En este sentido, analiza también la manera en la que ante la recurrencia de estos hechos se ha ampliado la intervención militar en la investigación, lo que se traduce en la realización de las primeras diligencias, en la conducción de investigaciones paralelas y en que la vocería sobre esos eventos la coordinen los castrenses desde las conferencias matutinas presidenciales, con la pasiva complacencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General de la República (FGR).