El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ), Arturo Medina Padilla, señaló que la decisión de un juez de otorgar prisión al ex Procurador Jesús Murillo Karam, “viola el curso regular de la justicia”.
A través de un comunicado, recordó que el cambio de medida cautelar por parte del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con sede en el Reclusorio Norte, José Rivas González, quien argumentó motivos de salud, se realizó usando el encargo de la guardia que le permite sustituir al juez titular de la causa 3072022, Edmundo Manuel Perusia.
Murillo Karam se encuentra acusado de los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Por ello el subsecretario Medina Padilla, señaló que, con esta determinación, no se exonera de cargo alguno al exprocurador, quien continuará sujeto a prisión preventiva justificada por tortura y desaparición forzada, que se siguen en otra carpeta de investigación ante un juez en el Reclusorio Sur.
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Lamentó que se haya emitido esta determinación en día inhábil de manera similar a los ‘sabadazos’, un procedimiento que no es el más adecuado, pues viola el curso regular de la justicia; que se usara como distractor la festividad del Día de Muertos; que el juez de guardia se haya aprovechado del sistema de turnos para evadir la determinación del juez que conoce de la causa.
Y, sorprende aún más que se haya fijado la audiencia en un plazo de tres horas, una rapidez inusitada, ya que en ocasiones la judicialización de una carpeta se ha logrado después de 10 meses de ser solicitada, siendo que el plazo legal es de 15 días; además que esta decisión manda un mensaje que podría avanzar hacia la impunidad, apuntó.
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La CoVAJ dará seguimiento a la impugnación que presente la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (Ueilca), perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR), y solicitará que se interponga una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por el actuar del juez al quebrantar el principio de legalidad e imparcialidad que exige que toda determinación se ajuste a las disposiciones legales vigentes, concluyó.