La Cámara de Diputados y el Gobierno federal impugnaron la suspensión provisional que le concedió una juez federal a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) contra la extinción de los fideicomisos y la transferencia de los 15 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación.
Elizabeth Trejo Galán, titular del Juzgado Noveno de Distrito en materia Administrativa, turnó los recursos de queja a un tribunal colegiado, el cual deberá resolver si confirma, modifica o revoca su sentencia.
En su resolución, la impartidora de justicia argumentó que la extinción de los fideicomisos, puede afectar derechos laborales de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF), ya en ellos están relacionadas obligaciones patronales y de seguridad social (pensión, vivienda, salud y retiro), por lo que posiblemente se vulnerarían sus derechos adquiridos reconocidos en la Constitución y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
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Indicó que el decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del PJF, no especifica la finalidad para la cual se pretenden emplear los recursos de los fideicomisos.
Asimismo, refirió que existen programas públicos y necesidades enormes de la sociedad mexicana; sin embargo, el decreto no establece de qué forma serán utilizados los recursos para atender en forma específica las necesidades sociales.
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Trejo Galán puntualizó que al eliminarse recursos destinados para rubros que inciden en el servicio público de impartición de justicia, se pone en riesgo la implementación de mecanismos o instrumentos que persiguen consolidar las reformas implementadas constitucionalmente en materia de justicia, lo cual además se traduce en un retroceso en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.