La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con votación de 304 a favor, 101 en contra de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y 13 abstenciones, la reforma a la Ley General de Salud en materia de objeción de conciencia.
En lo particular, el proyecto se aprobó con 291 a favor, 106 en contra, y 13 abstenciones.
La asamblea aceptó un par de modificaciones al dictamen, con el fin de agregar a las reglas de la objeción, que el personal médico que se manifieste en ese sentido, deberá abstenerse de “manifestar o externar juicios valorativos”.
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Asimismo, deberá brindar en todo momento información y orientación al paciente “sobre los tratamientos y procedimientos médicos que se realizan en la unidad de salud para recibir la atención o servicio que requiere”, con el fin de que tenga pleno consentimiento informado.
Objeción divide a la oposición
Los cambios procesados por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que serán turnados al Senado de la República, dividieron al bloque de la oposición.
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Mientras los panistas se pronunciaron en contra, legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) votaron a favor.
Aunque los perredistas criticaron el ordenamiento que dijeron, se quedó “corto”, finalmente dieron su respaldo.
Limitaciones a la objeción de conciencia son inconstitucionales: PAN
Al manifestarse contra el dictamen, los integrantes de la bancada de Acción Nacional sentenciaron que la norma nuevamente es inconstitucional y se promoverán los recursos legales necesarios para revertirla.
Las diputadas Margarita Zavala y Martha Romo, así como sus compañeros Éctor Jaime Ramírez y Santiago Torreblanca, sentenciaron que defenderán su derecho a la libertad de decidir y de objetar, y de no ser obligados a realizar acciones con las que no están de acuerdo, sea por razones morales, éticas e incluso religiosas.
“Al médico que queremos reconocer ahora estamos proponiendo que se le criminalice por causas del Estado. Ahora Morena quiere sancionar a la comunidad médica, a la comunidad de enfermería por los retrasos en los servicios de salud, cuando es a la autoridad sanitaria a quien corresponde que existan las condiciones para que los pacientes sean atendidos con calidad”, reclamó el diputado Ramírez Barba.
El PAN reconoce que primero es el derecho a la salud, pero el personal médico que defiende su derecho a no llevar a cabo procedimientos ni aplicar tratamientos de tipo médico que van contra sus convicciones y hasta sus creencias, no permitirá violación a sus garantías y restricción a sus libertades, enfatizó el parlamentario, que subió a la Tribuna vestido con una bata de doctor.
Añadió que someter a autorización de la Secretaría de Salud si un médico o enfermera puede ser objetor, restringe la autonomía del personal sanitario.
Mientras sus compañeros de fracción sostenían pancartas con la frase “SÍ a la objeción de conciencia”.
Reglas para la objeción de conciencia
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Salud del recinto, Emmanuel Reyes, precisó que lo aprobado tiene como fin cumplir la sentencia de la Suprema Corte dirigida a la Cámara.
También contribuir a evitar violaciones al derecho a la salud de pacientes a quienes, por el ejercicio de objeción de conciencia, se les puede llegar a negar la atención médica y los tratamientos.
Ello, en casos como trasplantes de órganos, transfusiones sanguíneas, cuidados paliativos, la interrupción del embarazo, el acceso a anticonceptivos de emergencia.
Las reglas, expresó, establecen las condiciones y circunstancias en que se puede ejercer y cuando no, la objeción de conciencia por parte del personal médico.
Se respeta el derecho individual del personal médico y de enfermería para excusarse de para excusarse y no participar en procedimientos, tratamientos y atención que consideren, contravienen sus principios y hasta sus creencias religiosas o ideológicas.
La norma respeta el acceso a la salud y el derecho de los médicos y enfermeras, enfatizó Reyes Carmona.
También contempla que los pacientes o usuarios de servicios de salud, estarán oportunamente informados sobre las distintas alternativas de tratamiento médico a su alcance.
Afirmó que quienes incumplan con garantizar el acceso a la atención médica, y con ello puedan poner en riesgo la vida y dignidad humana, tendrán consecuencias.