Inició el paro nacional de trabajadores del poder judicial federal en protesta por la eliminación de fideicomisos y el inminente ajuste al presupuesto de este sector.
Todas las sedes del Poder Judicial Federal fueron cerradas y solo se atienden los asuntos urgentes en materia de justicia.
Este paro terminará hasta que concluya la participación de la dirigencia sindical en el parlamento abierto que se realizará el 24 de octubre en la Cámara de Diputados.
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El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Federal Jesús Gilberto González reconoció que el proceso legislativo para eliminar los fideicomisos avanza sin que haya disposición para detenerlo, por ello, se alista la presentación de amparos colectivos.
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Defendió la labor que realiza el sindicato en defensa de los trabajadores ante los cuestionamientos que ha recibido de parte de la base trabajadora por no llevar a cabo una defensa más firme de los intereses colectivos.
Este jueves en el Palacio de Justicia Federal en San Lázaro, donde se concentra el mayor número de juzgados, los trabajadores afirmaron que el movimiento en defensa de sus derechos laborales ya rebasó a la dirigencia sindical.
Alonso Yañez Pallares, coordinador técnico administrativo del juzgado primero de distrito en materia laboral, señaló que ahora los dirigentes sindicales deben sumarse a las acciones que realice la base trabajadora.
En tanto, Patricia Aguayo, Secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo, convocó a todos sus compañeros a permanecer afuera de las sedes para reforzar las acciones de protesta.
Como parte del proceso de organización, los trabajadores acordaron la designación de tres comisiones: de organización, de comunicación y vocería.
Se ratificó la convocatoria a la marcha que se realizará el domingo del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino a las 11 horas.
Asimismo, acordaron convocar a una manifestación el próximo 24 de octubre en el Senado, donde se discutirá la minuta aprobada en la Cámara de Diputados que busca concluir el proceso de eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial Federal.