Madres buscadoras de desaparecidos de diferentes puntos del país, reclamaron al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, la falta de resultados en la localización de personas desaparecidas; que las autoridades han dejado de recibirlas y que a pesar del presupuesto millonario y una Ley en la materia, la crisis de desapariciones e identificación forense sigue creciendo.
En el marco de la conmemoración de los cinco años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, los reclamos y reproches se enfocaron contra el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, a quien le gritaron que no recibe a las madres, que se beneficia a ciertos colectivos y que la ley no se aplica ni da resultados en la búsqueda.
Diana Iris García, integrante de un colectivo de búsqueda le envió un mensaje al presidente: “no hay democracia con desaparecidos. El Estado nos sigue debiendo esta deuda de búsqueda”.
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Por su parte Isabel, madre buscadora reprochó al Subsecretario su falta de respeto a las víctimas, “siento pena ajena por el gobierno; el gobierno mexicano me ha decepcionado”, dijo.
A su vez, Encinas Rodríguez dijo que es necesario que todas las instituciones reconozcan la crisis de desaparición y de identificación forense y no eludan su responsabilidad en la búsqueda.
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Dijo que está pendiente el abatimiento de la impunidad para los responsables y reprochó a las Fiscalías de Justicia que se niegan a implementar el protocolo de búsqueda de desaparecidos.
En tanto, Volken Türk Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en un mensaje grabado, lamentó que en México solo entre el 2 y 6 por ciento de los casos de desaparición se procesen; en más de 17 mil casos la autoridad desconoce siquiera las circunstancias de su desaparición.
Además, advirtió que la militarización en el país sigue profundizándose y afecta a la sociedad y a las víctimas.
En este evento también estuvieron presentes Morris Tidbal-Binz, Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales y Carmen Rosa Villa del Comité de la ONU para la Desaparición Forzada, entre otros.