La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá la próxima semana las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Senadores de oposición en contra de las Reformas a la ley Federal de Radio y Televisión, donde se obligaba a los conductores a diferenciar sus contenidos entre información y opinión
Como se recordará, la Primera Sala de la Suprema Corte había resuelto sobre los derechos, lo cual trajo como resultado que el PRD y 47 senadores de la oposición se inconformaran al no haberse analizado el entorno, donde se sustenta la libertad de expresión.
Por ello, con este par de acciones se busca que se quite el texto de la reforma del 31 de octubre de 2017 y con ello, quede nulificada la facultad del Congreso de legislar en materia de derecho de audiencias.
Te podría interesar
Con la sentencia en cuestión, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendría mayor control en cuanto a la regulación de los concesionarios públicos y privados, además de que puede incidir en sus contenidos noticiosos y programáticos, más allá de lo establecido en Ley.
Los promotores de la reforma mencionaron que era necesario que los noticieros y los comunicadores deban diferenciar entre opinión e información, ya que alegaban que esto era sano para las audiencias, además de que se pretendía que las autoridades dictaran los códigos de ética sobre los cuales los medios deberán de regirse.
Te podría interesar
En caso de no apegarse a esta ley, las sanciones serían a través de porcentajes de los ingresos totales que recibieran las estaciones, hasta llegar a la suspensión de transmisiones, cuando a criterio de un funcionario, no se observen los lineamientos.
Cabe destacar que estos lineamientos no aplican para las plataformas digitales, las cuales se han convertido en aparato propagandístico de ciertos sectores políticos.
Lo que se busca con este par de acciones de inconstitucionalidad es que las audiencias cuentan con mayores herramientas para decidir qué programación ver o escuchar, y ejercer sus derechos.
Cabe destacar que el proyecto está a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán y a pesar de que se había anunciado que se iba a ser público, esto nunca ocurrió