A 12 años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, las autoridades “le apuestan al olvido”, mientras la impunidad prevalece en el caso, lamentaron las familias de las víctimas originarias principalmente de Guatemala, a través de Ana Lorena Delgadillo Pérez, directora de la Fundación para la Justicia.
En torno al antimonumento a los 72 ubicado en Paseo de la Reforma, frente a la Embajada de Estados Unidos, activistas y defensores de derechos humanos, en representación de las familias que no pudieron viajar a México, señalaron que los hechos registrados hace 12 años, muestran la grave situación de violencia contra las personas migrantes, la cual se agrava con la militarización y la participación de las fuerzas armadas en tareas del Instituto Nacional de Migración.
A 12 años de los hechos, 9 víctimas de la masacre siguen sin ser identificadas, denotando la falta de capacidad de articulación y colaboración entre México y los países de la región, para enfrentar la crisis de desapariciones y forense.
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Aunado a ello, 6 familias de Guatemala y una de Brasil llevan cerca de 10 años esperando la revisión de identificación de los cuerpos que les fueron entregados fast-track, entre 2010 y 2011, sin explicación, sin documentación, sin siquiera poder verlos, señaló la Fundación para la Justicia.
Ana Lorena Delgadillo lamentó que a la fecha no haya una sola sentencia por la masacre y las únicas dos emitidas corresponden a otros hechos como delincuencia organizada y portación ilegal de armas. Por eso, dijo, urge la conformación de la Comisión Especial para la Investigación de Masacres y Desapariciones de Personas Migrantes, recomendada por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.
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Desde la Masacre de las 72 Personas Migrantes de San Fernando, Tamaulipas, han ocurrido otras, en las que las víctimas son en su mayoría migrantes: Fosas Clandestinas en 2011, Cadereyta en 2012, Güémez en 2014 y Camargo en 2021. Para la investigación de los casos, la Fiscalía General de la República (FGR) aceptó el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, éste no se ha concretado y no se ha reportado ningún avance en este sentido.
Finalmente las familias y activistas advirtieron que no se detendrán hasta que haya justicia por este delito y se permita verificar que los restos que les fueron entregados corresponden a sus familiares que solo se encontraban en tránsito por México.