La diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Pérez-Jaén, acudió a la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, a denunciar las irregularidades documentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre los malos manejos y falta de transparencia en el uso de recursos públicos para adquirir insumos para la atención de la pandemia por COVID-19 en 2020.
La congresista señaló que la querella se presentó contra “quien resulte responsable” en el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), por la compra de 650 ventiladores a un costo de 940 millones de pesos, los cuáles nunca llegaron a manos de la institución.
Asimismo, se denunció la adquisición de más de un millón de mascarillas KN95, por un monto de 40.5 millones de pesos, y cuya recepción en el INSABI nunca se pudo comprobar.
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“El tema de la denuncia (…) es muy importante porque se relaciona con los daños a la salud y a las condiciones de vida de la población, a los malos manejos y a la falta de transparencia en el ejercicio de recursos públicos”, puestos en evidencia a través de las auditorías del órgano de fiscalización a nivel federal, aplicadas al Instituto de Salud, recalcó.
Ventiladores pagados y no entregados
La diputada Pérez-Jaén Zermeño señaló que de acuerdo a la revisión del gasto público en salud en 2020, en particular el que se realizó en el INSABI para atender la pandemia por COVID-19, el máximo órgano fiscalizador detectó irregularidades en la compra de insumos básicos.
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Se confirmó que en la adquisición de más de mil respiradores artificiales a la empresa Viva Entreprises Limited, 650 de los aparatos, por un monto superior a los 920 millones de pesos, nunca fueron entregados al Instituto.
La ASF reportó que ese organismo no entregó evidencia de la entrega de los equipos y hasta ayer jueves 18 de agosto de 2022, más de dos años después de la compra, el monto observado sigue sin aclarar ni recuperar.
Mascarillas KN95
El caso fue el mismo en la adquisición de un millón 650 mil mascarillas de protección KN95, las cuales se encargaron al proveedor de origen chino China Meheco Co., LTD.
El INSABI pagó al consorcio 40.5 millones de pesos por materiales que nunca fueron entregados.
Ante los requerimientos de la ASF, el INSABI no logró comprobar la recepción del material médico, y tampoco confirmó si promovió alguna acción legal por el incumplimiento.
“Con lo cual se hace evidente la irresponsabilidad en el manejo de los procesos de adquisición y la negligencia para hacer cumplir sus obligaciones a los proveedores”, anotó la legisladora federal.
Omisiones ASF
La diputada secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción e integrante de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara, hizo notar que pese a la gravedad de las irregularidades detectadas en el sector salud, el marco de la pandemia por COVID-19, la instancia fiscalizadora tampoco ha presentado las denuncias correspondientes.
Aunado a que las entidades, dependencias y organismos del Gobierno Federal no proporcionan la información requerida en el proceso de fiscalización, el organismo a cargo del auditor superior tampoco ha acudido a la Fiscalía General a denunciar las anomalías.
“De corroborarse los hechos, estaríamos frente a un crimen monumental; donde autoridades se aprovecharon de la necesidad de millones de mexicanas y mexicanos, ignorando las consecuencias de enorme magnitud que tendrían en la vida y la salud de la gente; hay quienes, incluso, por esta situación, pudieron haber perdido la vida”, advirtió.