En la Cámara de Diputados, el financiamiento para actividades ordinarias de los partidos políticos fue objeto de discusión en el foro número 15 del parlamento abierto de la reforma electoral propuesta por el Presidente de la República, la cual prevé eliminar la asignación de esos recursos.
Los invitados dividieron opiniones a favor y en contra.
El miembro del consejo Asesor del Observatorio Permanente sobre Reformas Políticas de la Organización de Estados Americanos (OEA), Víctor Alarcón advirtió que retirar el financiamiento para gastos ordinarios a partidos, podría derivar en la “entrega” de esos entes a los grupos fácticos, incluyendo el crimen organizado.
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“Esas rutas digamos, permitan que los partidos no pasen de la noche de la mañana a ser botín ahora del crimen organizado. Debilitar al sistema de partidos de un solo golpe, con una reducción a cero del financiamiento público fuera de las contiendas electorales, es entregar literalmente y lo digo con toda su expresión, entregar los partidos al crimen organizado”, alertó.
Agregó que en esas condiciones, los partidos sólo quedarían a expensas de la criminalidad, sino de otros grupos de poder “fácticos” que tengan capacidad económica para inyectar recursos de manera irregular en la política y corromper a los partidos
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La consejera electoral en el estado de Michoacán, Carol Berenice Arellano Rangel coincidió que el financiamiento público para actividades ordinarias a partidos tiene como fin no solo ejercer control sobre ese gasto, sino impulsar la identidad política.
También la pertenencia a ese tipo de organizaciones, la formación de cuadros políticos y a la postre, la preparación de quienes serán sus candidatos, así como el avance de acciones afirmativas a favor de la comunidad LGBT, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y personas de origen indígena.
Se necesita perfeccionar la norma y en primera instancia, anotó, mejorar la rendición de cuentas sobre el uso del dinero público.
A favor de eliminar financiamiento ordinario
Por el contrario, la asesora electoral y exfuncionaria de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Jiménez y el consultor electoral Engels Agustín Conteras, se pronunciaron a favor de la iniciativa del Ejecutivo.
Los recursos millonarios destinados a partidos, podrían destinarse a atender otras necesidades de la población, expresaron.
En particular, Jiménez Poblano opinó que dar recursos públicos a los partidos representa una “gran carga fiscal” para las finanzas públicas, por lo cual consideró viable ampliar el monto del financiamiento privado permitido.
“Sin duda la reforma que se discute privilegia la posibilidad de contar con una vida democrática menos costosa y que los recursos que se prevé no recibirán los partidos, bien pueden reorientarse a actividades de mucho mayor utilidad y beneficio a la población”, dijo.
A su vez, el consultor electoral Contreras, señaló que el incremento en el financiamiento a partidos, como sucede cada vez que hay proceso electoral, no ha resultado en un incremento en la participación ciudadana ni en la participación política ni en una mayor calidad de la democracia.
Consideró adecuado ajustar la fórmula del financiamiento público e incluso, eliminarlo, porque genera inconformidad, desconfianza y descontento en la sociedad.
Aunado a ello, dijo, propicia el “parasitismo” en los partidos, sostiene “burocracias” partidarias que no ahorran, discrecionalidad en la distribución de los recursos que manejan las dirigencias, no incentiva el autofinanciamiento ni una vida democrática menos costosa.
Riesgos del recorte al financiamiento público a partidos
En su intervención, Ramón Hernández Reyes, director de Capacitación Interna y Carrera Judicial, de la Escuela Judicial Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como expresidente del Instituto Electoral de Michoacán, manifestó que la reforma electoral sobre el financiamiento a partidos, se debe replantear.
Se requieren ajustes en la fórmula vigente de asignación de recursos públicos a los partidos políticos, a fin de evitar el gasto excesivo, sin generar mayores condiciones de desequilibrio y falta de equidad entre las fuerzas políticas mayoritarias y minoritarias, expresó.
Esto debe ser resultado de un análisis cuidadoso sobre los factores involucrados, como el número de personas inscritas en el Padrón Electoral, así como el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Rodrigo Morales Manzanares, exconsejero del anterior Instituto Electoral Distrito Federal y consultor internacional en materia electoral, manifestó que pese a la aplicación de sanciones por el rebase a topes de campaña y a la entrega irregular de informes de financiamiento, no se han logrado desterrar esas anomalías.
Disminuir el financiamiento público a partidos si bien es una propuesta que genera simpatía entre los ciudadanos inconformes con el gasto millonario que ello implica, puede ser una determinación engañosa, atajó.
El costo de las campañas electorales, advirtió, no puede bajar “por decreto”.
Contiendas más austeras no garantizan mayor rendición de cuentas y tampoco, que no entrarán a esos procesos recursos de procedencia ilícita, remarcó.