En el foro 12 del parlamento abierto sobre la reforma electoral organizado en la Cámara de Diputados, representantes de organismos electorales nacionales y locales, abordaron el tema de la seguridad, combate a la violencia, intervención del crimen organizado y nulidad de elecciones.
Los invitados coincidieron en señalar que toda norma, incluyendo la electoral es perfectible, sin embargo, no es lo más adecuado impulsar ese tipo de cambios en la víspera de comicios federales como los que tendrán lugar en 2024.
La consejera electoral Carla Humphrey y el presidente del Instituto de Elecciones de Chiapas, Oswaldo Chacón, manifestaron que una reforma constitucional en la materia no es necesaria ni prioritaria.
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Si se necesitan cambios, pueden avanzar en leyes reglamentarias, plantearon.
“Se deben analizar todas las propuestas de reforma, yo creo que el sistema electoral funciona y que no sería necesaria una reforma constitucional. En todo caso, creo que pueden atajarse y resolverse muchos temas a nivel de reforma legal, no constitucional y creo que en este sentido, muchos de los temas que resolvemos lo hacemos vía acuerdos, vía lineamientos”, apuntó la integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
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Las reformas electorales no deben ser vistas como “negativas”, sino analizarlas de manera minuciosa, pensando qué autoridad electoral se quiere a futuro y con la intención de fortalecer una de las instituciones con mayor credibilidad en el país, como es el INE, recalcó.
Preocupa que se quiera aprobar la reforma con miras a la elección presidencial, dijo, por el nivel de complejidad que esto significa, ya que en 2024 se resolverán 9 gubernaturas y se renovará por completo el Congreso de la Unión.
“No me parece que sea prioritario en este país, creo que las prioridades en México están en el combate a la pobreza, a la corrupción, en atajar la enorme desigualdad socioeconómica, en resolver el tema migratorio, en resolver los temas de seguridad. Yo no observo o no advierto cómo los temas electorales puedan ocuparnos tanto tiempo”, abundó el consejero presidente Chacón Rojas.
No se ve cómo lo planteado por el Ejecutivo Federal, pueda atender la creciente presencia del crimen organizado en elecciones, enfatizó.
Reforma de AMLO no resolverá problemas
Los invitados también coincidieron en que la propuesta planteada por el Ejecutivo Federal tampoco podrá resolver por la vía de cambios constitucionales, los fuertes retos en materia de seguridad, financiamiento ilícito, intervención del crimen organizado y combate a la violencia política de género en los comicios.
La consejera Humphrey recordó que el 2021, fue el año electoral más violento de la historia, con 36 asesinatos de candidatas y candidatos.
Es preocupante, el tema del uso de dinero en efectivo y el dinero del crimen organizado en campañas, lavado de dinero en campañas, así como la fiscalización que en tiempo real, como se ha impulsado, o funciona como debería.
Otra insuficiencia en la ley vigente y que las reformas en análisis no atienden, expresó, es la falta de colaboración entre instituciones en intercambio de información, para abrir, desarrollar y concluir investigaciones por financiamiento ilícito en el ámbito electoral, como sucede con el caso Odebrecht, apuntó.
No se asusten con la reforma electoral: Fromow
María de los Ángeles Fromow, ex titular de la anterior Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), fue directa al pedir que “nadie se asuste” con las reformas electorales.
Lo importante es tener claro qué se quiere modificar y para qué, partir de datos “duros”, que no se ponga en riesgo la democracia, verificar si los ajustes no afectarán garantías constitucionales en el marco de uno de los sistemas electorales más sólidos en la región, agregó.
Fortalecer instituciones electorales
El fiscal Especializado en Materia de Delitos Electorales en Jalisco, Ricardo Suro, refrendó la importancia de que los cambios al marco legal fortalezcan al sistema electoral y sus instituciones, en su caso particular, a las fiscalías electorales.
Hizo notar que la iniciativa presidencial no toca el tema de delitos electorales, y hace algunas referencias a las causales de nulidad.
Sería más relevante que tratara el financiamiento ilícito a campañas, acciones ante el rebase de topes de campaña, y valorar cuidadosamente qué tanto pueden incidir las sanciones penales, en lo electoral.
El sistema mexicano, añadió, presenta debilidades en materia de medidas de protección a candidatos, denuncias por violencia política de género, agresiones y homicidios de los abanderados.
Es necesario garantizar la seguridad de los participantes en las contiendas, pero esa labor no corresponde a las autoridades electorales, sino a las esferas gubernamentales.
Al mismo tiempo, anotó, es necesario que los partidos políticos se sumen al bloqueo de la criminalidad en elecciones, ya que son los responsables de seleccionar a sus propios candidatos y de verificar si tienen o no lazos con la delincuencia organizada.
Ciudadanos corresponsables
Los ciudadanos también son “corresponsables” de que el crimen organizado se involucre en los comicios, porque son ellos quienes conocen de primera mano y en sus comunidades, el origen de cada abanderado, dijo el fiscal Suro Gutiérrez.
En esos términos, la exfiscal Fromow Rangel, hizo referencia a una frase cada vez más común entre partidos y candidatos “recibe lo que te dan, vota por quien quieras”, para ejemplificar el tipo de conductas de los partidos y los electores que es necesario erradicar.
Financiamiento ilícito
Sobre el financiamiento público, los participantes indicaron que es riesgoso permitir que a los partidos ingrese más financiamiento privado.
El financiamiento ilegal en campañas electorales, agregó el consejero Chacón es un “elefantote” en la sala, que todos pueden ver, pero no pueden “sacar”.