La Secretaría de Salud federal debe ser la responsable de garantizar atención a las personas con padecimientos mentales, cuando la atención clínica se justifique y quede anotado en el expediente de la persona, incluso si esta no puede dar su consentimiento, plantearon integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados.
En una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones, añadieron que los gobiernos Federal y de las entidades, estarán obligados a destinar los recursos económicos necesarios para hacer cumplir la ley.
Tratamiento con o sin consentimiento
Los legisladores promoventes hicieron énfasis en que los pacientes con padecimientos mentales y personas con adicciones, que no autoricen se les practiquen determinados tratamientos y se les otorgue determinada atención, de todos modos serán tratados en el sistema de salud, siempre y cuando haya elementos clínicos que lo justifiquen, y ello quede registrado en el expediente clínico.
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Las personas en esas condiciones de salud, añadieron deben ser atendidos como marca la ley, garantizando el respeto a sus derechos humanos, trato digno, supervisión permanente y revisión continua del tratamiento.
Consideraron que con ello se brindará certeza y seguridad jurídica a las instituciones, ante casos graves donde no se logre el consentimiento de la persona o bien, el paciente se encuentre en condición de abandono, de calle, con discapacidad severa y otras situaciones adversas.
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Recursos para atención en salud mental
Asimismo, enfatizaron la necesidad de garantizar que los cambios en materia de salud mental, se implementarán adecuadamente, dotando del presupuesto necesario al nuevo modelo de atención aprobado en el Congreso en el anterior periodo ordinario de sesiones.
Esto, para asegurar atención adecuada a quienes presenten algún tipo de trastorno mental y quienes tengan problemas con el consumo de sustancias psicoactivas.
Lo anterior es indispensable, dijeron, ante el incremento de las necesidades en materia de salud mental, provocado por la pandemia de COVID-19.
La propuesta, agregaron, prevé establecer en artículos transitorios una fecha límite en específico, para cumplir con las disposiciones de la más reciente reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones.
Manifestaron que la más reciente reforma en materia de salud mental y adicciones representó un avance, no obstante, la norma siempre es perfectible.
Ajustes en materia de salud mental
Plantearon modificaciones al texto legal, para establecer que los servicios y programas en ese rubro, deberán privilegiar la atención comunitaria, integral, interdisciplinaria, intercultural, intersectorial, con perspectiva de género y participativa de las personas, desde el primer nivel de atención y hospitales generales.
El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Salud, así como los gobiernos de las entidades, deberán contemplar cada año, presupuestos suficientes para dar cumplimiento a la ley.
Todo tratamiento e internamiento a personas con padecimientos mentales y adicciones, pese a que los hospitales psiquiátricos dejarán de serlo y se convertirán en hospitales generales, se llevará a cabo a partir del previo consentimiento informado del paciente.
En casos de padecimientos mentales y de adicciones graves que impidan a la persona dar consentimiento, las autoridades de salud garantizarán la atención necesaria, siempre que haya justificación clínica y quede inscrito formalmente en el expediente de la persona.