RAFAEL OJEDA DURÁN

CNDH emite recomendación a SEMAR por caso de desaparición forzada

La Comisión destacó que, solicitó información a la dependencia, la cual negó tanto su participación como tener personal desplegado en la zona. 

Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina.
Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina.Créditos: Cuartoscuro
Escrito en NACIONAL el

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al titular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán, por la detención arbitraria y desaparición forzada de una persona, atribuibles a elementos navales en el municipio de Villa Purificación, Jalisco.

De acuerdo con el expediente de queja, una de las victimas relató que la madrugada del 15 de diciembre de 2017 observó a cuatro hombres vestidos con pantalón de mezclilla, playeras de diversos colores y chalecos que decían “Marina” ingresar a su domicilio, de donde sacaron a su papá del lugar y lo subieron a una camioneta propiedad de la familia, sin que hasta la fecha se conozca su paradero.

La CNDH destacó que, como parte de la investigación, solicitó información a la dependencia, la cual negó tanto su participación como tener personal desplegado en la zona

Sin embargo, diversos testimonios recabados señalaron la presencia de efectivos y vehículos navales con los números tapados afuera del domicilio de la víctima, además de que policías municipales denunciaron que ese mismo día personal de la Marina los había despojado de su armamento y pertenencias.  

Explicó que a finales de 2021 dicha Secretaría admitió haber contado con bases de operaciones en los municipios de Villa Purificación y Autlán durante el periodo en el que ocurrieron los hechos.

La CNDH añadió que se tienen antecedentes de que personal de la Marina oculta o altera el número de matrícula de vehículos oficiales.

Por ello, solicitó al titular de la Secretaría de Marina colaborar en la inscripción de las personas afectadas indirectamente en el Registro Nacional de Víctimas.

Asimismo, pidió dar seguimiento a la denuncia administrativa contra los servidores públicos responsables de los hechos y colaborar en la integración de la carpeta de investigación iniciada ante la Fiscalía General de la República por la desaparición forzada de la víctima.