La Secretaría de la Función Pública determinó que no se encontraron evidencias que acrediten “conflicto de interés” que represente una falta administrativa contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el empresario Daniel Chávez Morán por el tema de la Casa Gris.
Lo anterior, luego de que la senadora panista Xóchitl Gálvez presentó la denuncia ante la secretaría de la Función Pública para que investigara presunto conflicto de interés de López Obrador y el empresario.
Mediante una nota informativa, recordó la SFP que el 15 de febrero de 2022, recibió un escrito en el que se imputa al mandatario y al particular Daniel Chávez Morán por haber incurrido, presuntamente, en “conflicto de interés, cohecho y soborno”.
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Indicó que en el documento también se menciona a dos empresas, a dos hijos del particular y a un hijo del Titular del Ejecutivo Federal.
Expuso que con el objeto de reunir la información para acreditar la veracidad de los hechos dados a conocer, inició un expediente de investigación el 16 de febrero de 2022, siguiendo el debido proceso establecido por la ley.
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“Con base en la información obtenida y en el marco jurídico aplicable, la investigación determinó que no se encontraron evidencias competentes y concluyentes que acreditaran la presunta comisión de hechos, actos u omisiones susceptibles de configurar alguna falta administrativa atribuible al servidor público y a los particulares”, enfatizó.
Expuso que los resultados que se obtuvieron por los medios probatorios determinaron que Daniel Chávez Morán, nombrado como "supervisor honorario" en el proyecto "Tren Maya", no recibió ni recibe ningún sueldo, emolumento, pago o retribución por parte de la Administración Pública Federal, ni ejerció las funciones de las personas servidoras públicas designadas en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Además, “no se encontraron irregularidades en los actos jurídicos relacionados entre el Grupo Vidanta e instituciones del Gobierno Federal”.
Por otra parte, dejó en claro que “no tiene competencia para investigar actos jurídicos ajenos a la Administración Pública Federal, ni tampoco los actos celebrados fuera del territorio nacional, como los que se refieren en el escrito acerca de la empresa KEI Partners”.
Indicó con base en las evidencias, que la dirección general de denuncias Investigaciones de la misma dependencia, que se emitió el Acuerdo de Conclusión por Falta de Elementos, el cual fue notificado el día de hoy.
Remarcó que la Secretaría de la Función Pública ejerce sus atribuciones de investigación y sanción con sustento en las pruebas recibidas y recabadas, y con respeto al debido proceso.