La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) saludó la publicación el día de hoy del Decreto mediante el cual se reforma la Ley General en materia de desaparición de personas que establece la creación del Centro Nacional de Identificación Humana (Centro Nacional).
Recordó que en el reciente informe sobre su visita a México, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada expresó “su profunda preocupación ante la crisis forense a la que se enfrenta el país. Según los datos públicos, más de 52 mil personas fallecidas sin identificar yacen actualmente en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense.
“Esta cifra, a pesar de su magnitud, no incluye los cuerpos todavía no localizados, ni los miles de fragmentos de restos humanos que las familias y comisiones de búsqueda recogen semanalmente en las fosas clandestinas”, enfatizó.
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El representante en México de la ONU-DH, Guillermo Fernández-Maldonado, indicó que “decenas de miles de familias anhelan se esclarezca la suerte o el paradero de sus seres queridos. La larga incertidumbre que enfrentan no es compatible con la dignidad humana”.
Urgió a atender sus derechos y poner fin a su espera. “Por ello, la iniciativa del Presidente de la República, aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión, constituye una noticia positiva y alentadora”.
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Afirmó que de contar con los recursos necesarios, “el Centro Nacional puede constituir una efectiva herramienta para atender las demandas sobre la búsqueda, la localización y la identificación de las personas desaparecidas que han fallecido, así como para el respeto y la restitución de sus restos”.
“Resulta fundamental que el marco normativo, bajo el cual actuará el Centro Nacional, se adopte garantizando plenamente el derecho a la participación de las familias, mismo que pudo potenciarse en el contexto de la elaboración de la modificación legislativa”, expuso.
Destacó la importancia de que la institución naciente alcance sus objetivos y dependerá de la apertura y colaboración de las fiscalías, los servicios forenses y otras instancias competentes, como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. “La coordinación sistémica de todas las instituciones será imprescindible para materializar los objetivos de la Ley”.
Alentó a las autoridades correspondientes a adoptar aquellas herramientas previstas en la Ley general que, a más de cuatro años de distancia, aún no han sido emitidas, tales como el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, el Registro Nacional de Fosas y el Programa Nacional de Exhumaciones para el adecuado abordaje de la crisis forense que enfrenta México.
“La creación del Centro Nacional es una ocasión propicia para reiterar la necesidad de que el Estado mexicano en su conjunto adopte e implemente medidas eficaces para prevenir, investigar y sancionar la desaparición de personas, así como para asegurar la búsqueda en vida y la reparación integral de las víctimas”, remarcó.