Alfonso Ramírez Cuellar y Martín Solís Bustamante, representantes de El Barzón, denunciaron que miles de familias campesinas al norte de Chihuahua que conforman varios ejidos, han denunciado por más de 7 años el robo de agua que sufren por parte de la familia LeBarón, lo que ha impactado en las cosechas y secado los pozos de agua potable de tres comunidades.
El Ejido Benito Juárez, del municipio de Buenaventura es uno de los principales afectados por la sobreexplotación de la Cuenca, adicionalmente, desde el 2012 se enfrentan a una empresa minera canadiense que pretendía instalarse en su territorio y realizar explotación a cielo abierto.
La defensa por el agua ha cobrado la vida de Ismael Solorio y Manuela Solís, asesinados en octubre de 2012, así como de Alberto Almeida ultimado en febrero de 2013.
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El Ejido Constitución, del municipio de Buenaventura conformado por más de 894 ejidatarios, se ubica frente al Rancho La Mojina propiedad de la familia Lebarón, el que han utilizado para el cultivo de nogales aun cuando estas tierras no cuentan con permiso para la siembra, precisamente por la sobreexplotación del acuífero y la falta de disponibilidad de agua en la región; sin embargo, la familia Lebarón sin permiso y de forma ilegal mantiene abiertos al menos 10 pozos que usan para la siembra de 300 hectáreas de nogal, afectando a más de 800 familias campesinas que sí cuentan con concesiones legales para extraer el recurso hídrico, acusaron.
En 2018 más de 500 integrantes de Constitución, ingresaron al Rancho La Mojina para verificar si los pozos se encontraban funcionando, ahí fueron recibidos a balazos por los trabajadores por lo que comenzó una confrontación que terminó en agresiones físicas y materiales. Dentro del se detectaron 11 pozos funcionando para el riego de las 300 hectáreas de nogal, mediante el uso de motores de combustión interna.
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Agregaron que el Gobierno de María Eugenia Campos Galván a través de la Fiscalía del Estado, impulsó la solicitud de órdenes de aprehensión en contra de al menos 20 personas de Constitución por el ingreso en abril del 2018 al Rancho La Mojina, acusando a integrantes de la comunidad por 1 millón de dólares en daños; al mismo tiempo, saben que existe la intención de electrificar los pozos ilegales en los próximos días, con lo que se busca favorecer a la familia Lebarón.