En el marco del pleito en la Cámara de Diputados entre las bancadas del Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por los pactos y negociaciones de la reforma electoral, integrantes de la fracción tricolor presentaron una “denuncia pública”, dirigida a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García.
Los priistas en San Lázaro afirmaron que el mandatario estatal no entregó recursos a 25 municipios de la entidad. No precisaron el monto involucrado.
García Sepúlveda obstaculizó y retrasó la distribución de transferencias federales del Ramo 33, correspondientes a infraestructura y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, FORTAMUN, para seguridad.
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Acusaciones contra Samuel García
Afirmaron que el gobernador “incurrió en el injustificado requerimiento, embargo y ejecución de las cuentas bancarias de dichas municipalidades, contraviniendo con ello la Constitución Política y demás legislación aplicable”.
El referido, insistieron, actuó “con dolo”, de manera ilegal y con fines políticos, ya que los recursos señalados no han sido transferidos a los municipios afectados.
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Agregaron que el pasado 31 de octubre, pidió a las presidencias municipales referidas, pagar por un “supuesto incumplimiento por concepto del impuesto sobre nóminas”.
Este jueves 3 de noviembre, abundaron, ordenó “la ejecución y embargo de las cuentas bancarias, de ahorro, cheques e inversión, fideicomisos y cajas de seguridad” de las 25 localidades.
Piden investigación de la ASF
Los legisladores solicitaron a la Auditoría Superior investigue los hechos, y entregue un informe a la Cámara de Diputados, en el que se documenten las irregularidades denunciadas.
Solicitaron al organismo fiscalizador promueva las acciones legales que haya a lugar para establecer responsabilidades administrativas, penales “y políticas” contra el mandatario de Nuevo León.
Los diputados y diputadas María de Jesús Aguirre, Karina Barrón, Andrés Cantú, Juan Francisco Espinoza, José Luis Garza, del PRI; y los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Castillo, Wendy Cordero, Annia Gómez, Mariana Mancillas, Víctor Pérez y Pedro Salgado, son los firmantes de la denuncia.
Puntualizaron que los municipios afectados con la acción del gobernador son: Guadalupe, Dr. Arroyo, Dr. González, Galeana, Hualahuises, Iturbide, Aramberri, Agualeguas, Montemorelos, Santiago.
También los de Bustamante, General Bravo, General Treviño, Higueras, Lampazos de Naranjo, Linares, Parás, Pesquería, Rayones, Apodaca.
En la misma situación se encuentran las alcaldías de Juárez, Allende, Santiago, Cadereyta Jiménez y San Nicolás de los Garza.
PRI niega pacto con Morena
En tanto, la bancada encabezada por el coordinador Rubén Moreira, negó que los priistas tengan pacto alguno con el Gobierno Federal y con el partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para sacar adelante la reforma electoral.
Acusaron de “mentir” a los integrantes de la fracción del MC, insistieron en que utilizan un “doble discurso”, cuando están dedicados a dividir a la oposición, para favorecer a Morena.
Insistieron en que en reiteradas ocasiones han “invitado” a esa fuerza política a sumarse al bloque opositor, pero se han “negado” porque “responden a los intereses de Morena”.
Los llamaron “hipócritas”, reiteraron las acusaciones de que Jalisco está muy cerca de convertirse en un “narco estado” y un “estado fallido”.
Volvieron a arremeter contra el gobernador de Nuevo León, donde también se ha permitido la operación de las bandas de la delincuencia y reclamaron al coordinador Jorge Álvarez por no hacer referencia alguna a esas problemáticas.
“Llama la atención a los priistas que el diputado Máynez cierre la boca ante ese clima de narcoviolencia, que está entregado al narcotráfico y con altos índices de inseguridad”, fustigaron.