En la Cámara de Diputados se llevan a cabo reuniones de trabajo en comisiones, para revisar las necesidades económicas con miras a la aprobación del Presupuesto de Egresos 2023.
Ante los integrantes de la Comisión de Radio y Televisión, el titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil, señaló que el presupuesto que el Gobierno Federal prevé destinar en 2023, tiene un recorte de casi 400 millones de pesos, al bajar de 999 millones asignados para este año, a 625.2 millones de pesos.
“Aplaudidor” del régimen
En el encuentro, el funcionario público fue directamente cuestionado por la diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Mariana Gómez del Campo, quien lamentó que el periodista crítico que solía ser, se convirtió en un “aplaudidor del régimen” al asumir el cargo.
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Recriminó el manejo poco institucional y “sesgado” del Sistema Público de Radiodifusión y su comportamiento “incongruente” en redes sociales, donde le recordó, se ha confrontado con otros personajes públicos, perdiendo el equilibrio que debería guardar.
Gómez del Campo Gurza hizo énfasis en que, en particular los contenidos del Canal 14 no son plurales cuando deberían serlo, y no son institucionales sino que están
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cargados en alabanzas a la figura del titular del Presidente de la República y a mostrar una visión del país que no es la real.
“Siempre hay un tweet”
La legisladora recordó al servidor público que “siempre hay un tweet” que muestra su cambio diametral de postura frente al Ejecutivo Federal, del cuál se convirtió en “aplaudidor”, y el tipo de intercambios inadecuados, “incongruentes” y sesgados, con otros personajes de la vida pública.
Para qué luchar por un aumento al presupuesto del Sistema Público de Radiodifusión, si sus contenidos “están totalmente inclinados para favorecer la imagen del Presidente”, cuestionó la legisladora.“Usted no era así”, sentenció.
“Guacamaya-leaks”
La parlamentaria cuestionó al titular del SPR, por qué ese organismo no ha informado a la población sobre el caso identificado como “Guacamaya-leaks”, es decir, el hackeo a los sistemas informativos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Enfatizó que la fuga más importante de información sobre el Ejército en México, también debería ser un tema relevante en los medios de comunicación públicos.
Preguntó qué diferencia hay entre las revelaciones hechas en su momento por Julian Assange, a través del llamado “Wikileaks” y el “Guacamaya-leaks”.
La diputada Mariana Gómez del Campo también le consultó si no ha leído el libro “El rey del cash”, que se está convirtiendo en “el libro de cabecera” de muchos en el país,
Presos por difundir hackeo de Guacamaya a SEDENA
En respuesta, el compareciente volvió a restar importancia al hackeo a la SEDENA. Dijo que la diferencia entre el caso Guacamaya y el caso Wikileaks, es que Assange está preso y por la infiltración del colectivo de hacktivistas a las comunicaciones de la Defensa Nacional, no hay nadie en prisión ni se ha identificado a ningún responsable de la intromisión y de la difusión de los datos revelados.
No hay punto de comparación alguna con el gran impacto a nivel mundial del Wikileaks, que reveló “abusos” de Estados Unidos en países como Irak y Afganistán, abundó Villamil, con el “Guacamaya-leaks”.
“Es un impacto muchísimo mayor que el de Guacamaya-leaks, ¿si? Ni los hacker o presuntos hackers, que no sabemos quiénes son ni los difusores de la información derivara del hackeo de Guacamaya-leaks están detenidos, pues ahí está la diferencia fundamental”, dijo.
Inmediatamente después de hacer ese comentario, el funcionario matizó al señalar que si alguien que haya difundido la información revelada por “Guacamaya”, llega a ser encarcelado, en lo personal también pediría su liberación.
“Por eso se pide la liberación de Julian Assange y si llegara alguien a ser detenido por el tema de Guacamaya-leaks lo vamos a solicitar, al menos de manera personal yo sí lo ejercería, ¿si?”, atajó.
En defensa de su desempeño, argumentó que el modelo de comunicación pública del SPR no puede ser similar al de los medios comerciales y privados, sino que ha buscado ser diferente y dijo no creer que eso “haga daño” a la sociedad.
Sin embargo, abundó, igual que los medios comerciales, el SPR busca audiencias y generar “polémica”, dando voz y espacios a productores, conductores y proyectos que no han tenido cabida en los medios privados.
En cuanto a las afirmaciones de la congresista del PAN, sobre el uso del Sistema Público a su cargo como “aparato” de propaganda gubernamental, afirmó que es un reclamo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya despejó, al resolver a través de su Sala Superior, que no hay propaganda gubernamental indebida con las conferencias mañaneras en Palacio Nacional y su difusión.
Presupuesto SPR
El presupuesto que se propone para el Sistema Público de Radiodifusión es insuficiente y por ello, se solicita a los congresistas hacer lo necesario para que dicha instancia pública cuente con lo necesario para operar, dijo.
“Un incremento de 38 millones de pesos para el capítulo de servicios personales, en donde está en buena medida el rubro de los salarios y de los honorarios de buena parte del equipo que trabaja en el Sistema Público de Radiodifusión. Y en el de gastos de operación, 50 millones de pesos, dado el incremento también el volumen de operaciones que tiene el Sistema Público de Radiodifusión”, expuso.
Recursos SPR
Detalló que del recurso público asignado este año, 80 por ciento se destinó a inversión física en la construcción de estaciones de televisión, casetas y antenas de televisión en 16 puntos del país.
En gastos de operación, el SPR invirtió 125.8 millones de pesos y destinó 93.2 millones de pesos en servicios personales, este año.
Los 625 millones de pesos que se le estarían entregando el año entrante, dijo, se distribuirían en más de 55 por ciento en inversión y 97.4 millones de pesos se utilizarían en servicios personales, para el pago de honorarios y salarios del personal.
Enfatizó que el recorte de casi 37 por ciento al presupuesto del organismo, obliga a solicitar que se asignen recursos suficientes para cumplir las metas de 2023, como llevar las señales de los canales 14 y Once, al 80 por ciento de la población.