La reforma judicial que integró un artículo transitorio para ampliar dos años el cargo en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura, genera sospechas y riesgos de una mayor pérdida de la independencia del Poder Judicial, advirtieron investigadores y especialistas en derecho.
Ello, por la insistencia del Presidente de la República en la aprobación de la misma y respecto a que sólo el actual ministro presidente, Arturo Zaldívar sería capaz de implementar los cambios, alertaron las y los expertos invitados por diputadas federales a analizar la llamada "Ley Zaldívar".
En un seminario virtual convocado por congresistas de la oposición y también de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la directora ejecutiva de la organización Impunidad Cero, Irene Tello, narró su experiencia al participar directamente en el acercamiento con legisladores sobre la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual se aprobó en la misma semana que la reforma al Poder Judicial de la Federación.
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Tello Arista expresó que al hacer notar a los congresistas los puntos críticos de la legislación señalada, integrantes de la fracción del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dijeron que el tema más importante y urgente por aprobar era el judicial, porque el Presidente de la República así lo pidió.
"Pero una de las cosas que más me impactó escuchar de propios representantes, sobre todo del grupo parlamentario de Morena, era que decían que les urgía ya discutir la reforma del Poder Judicial porque esa reforma era la importante y la que sí les había pedido el Presidente que aprobaran. Ya que el nivel de discusión en nuestra Cámara de Diputados se determine por ese tipo de cosas, me parece extremadamente escandaloso, porque estamos se supone, ante una de las reformas más importantes al sistema de justicia", narró.
Por su parte, la coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia, de la organización México Evalúa, Laurence Pantin; así como el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan José Garza, manifestaron que alargar o acortar mandatos en el Poder Judicial, hace pensar que el Primer Mandatario "espera algo de los jueces, a cambio del regalo" convalidado en el Congreso de la Unión.
Coincidieron en que el artículo décimo tercero transitorio opacó el resto de la reforma judicial, aunado a que es inconstitucional.
"Es porque el mismo Presidente de la República defendió de manera enfática la ampliación del mandato del presidente de la Corte y los consejeros, lo que da a entender que él mismo tiene un interés personal en que se queden. Y en un momento en que muchas leyes y políticas del Gobierno han sido cuestionadas ante tribunales y la misma Suprema Corte, surge la sospecha de que el titular del Ejecutivo y su mayoría legislativa, esperan algo del presidente y de los integrantes del Consejo a cambio de este regalo", expresó Pantin.
"Por la cercanía y colaboración que tiene el actual presidente de la Suprema Corte y actual presidente de la Judicatura Federal con el Presidente de la República, yo sí destacaría este riesgo que hay en la cercanía que existe, entre colaborar con sana distancia y demás, la otra es simple y sencillamente no haberle movido una sola coma a una amplia reforma judicial", abundó el investigador Garza Onofre.
Subrayaron que debido a la polémica por el artículo décimo tercero transitorio, quedaron de lado otros elementos centrales y preocupantes que avanzaron en la reforma al Poder Judicial y deberían ser considerados por los legisladores que promoverán una acción de inconstitucionalidad.
Será fundamental llevar a la Corte el tema de las implicaciones de la ampliación de mandato por dos años, entre los integrantes del Consejo de la Judicatura, opinaron.
También hicieron notar que los cambios legales no dotaron de autonomía a la escuela de formación judicial, por lo que se corren riesgos de que los nombramientos y promociones estén asociados no al mérito, sino a las filiaciones personales, políticas y de otra índole.
Con la norma puesta en marcha recientemente, sentenciaron, no habría independencia en la carrera judicial.
La reforma dejó de lado la necesaria transparencia en el Poder Judicial, la necesidad de formular sentencias con lenguaje sencillo y entendible para los ciudadanos, así como el ajuste a reglamentos sobre responsabilidades administrativas de jueces, magistrados y demás integrantes del Judicial.
Asimismo, indicaron que las organizaciones no gubernamentales deberían comenzar a analizar y preparar amparos contra la reforma, que si no tiene en el fondo de sus motivaciones acercar a las víctimas a la justicia, no servirá de mucho.