La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organizaciones de la sociedad civil externaron su rechazó a las acciones que emprende el gobierno federal para militarizar el Instituto Nacional de Migración (INM).
Mencionaron que, a la fecha, los titulares de las oficinas que se ubican en Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Chiapas y Yucatán, son personas con perfil militar.
Lo anterior, agregaron, refleja la falta de claridad en la conducción de la política migratoria y, por las diversas violaciones a derechos humanos de las que son objeto un sin número de migrantes en movilidad por nuestro país.
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Indicaron que sin menoscabo de los méritos militares que pudieran tener las personas nombradas, la conducción de las representaciones del INM, debe encauzarse hacia una perspectiva de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, más que de seguridad, pues esta perspectiva abona a la idea de la criminalización de los grupos de personas migrantes.
Por ello, hicieron un llamado a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como al INM a entablar un diálogo respetuoso a fin de revisar la problemática expuesta, visibilizar y brindar atención a las múltiples necesidades que enfrentan los albergues y casas de migrantes.