La Cámara de Diputados, no dejó pasar el último día de trabajos del periodo ordinario, para resolver el pendiente de los cambios a la Ley de Instituciones de Crédito, identificados como la "Ley Nieto".
Con votación en lo particular de 353 votos a favor , 101 en contra y seis abstenciones, el Pleno determinó dar luz verde a las modificaciones al dictamen elaborado a partir de una minuta del Senado, por lo que el documento retornará a dicha Cámara, para continuar con el proceso parlamentario.
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Antes de emitir voto, el expresidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo expresó su inconformidad, al manifestar que la votación en cuestión ya se había emitido hace poco más de un mes y por lo tanto, el nuevo voto era "chachirul".
La decisión quedó inconclusa desde el pasado 6 de noviembre.
En la sesión de ese día, la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) fue tomada por sorpresa, al perder la votación de una reserva presentada por una de sus propias integrantes y que derivó en la eliminación en parte, de las "súper" facultades que se querían otorgar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP).
Lo anterior, para que esa instancia pudiese aplicar extinción de dominio sobre cuentas y bienes congelados, elemento que quedó desechado.
La facultad que mantendrá la Unidad de Inteligencia Financiera será la del bloqueo de cuentas bancarias en casos en los que se presuma existen operaciones ilícitas de lavado de dinero y de supuesto financiamiento al terrorismo.
Para destrabar el asunto, los líderes parlamentarios acordaron respetar esa decisión y devolver el proyecto al Senado de la República.
Al ratificar el fallo del Pleno, la diputada promovente, Lidia García, celebró que se haya respetado el sentido del voto emitido originalmente y que no se otorguen a una Unidad de carácter administrativo y fiscal, tareas que solo competen al ámbito judicial, a través del Ministerio Público.
La congresista propuso, en la sesión del 6 de noviembre, que la UIF estuviese obligada a notificar formalmente a las personas involucradas en el bloqueo de cuentas, y que no pudiera aplicar la medida de extinción de dominio, por estar fuera de su ámbito legal.
"Mi beneplácito por haber respetado la votación de la sesión del día 6 de noviembre de este año. Estas reformas son en favor de los ciudadanos, los empresarios, de los migrantes y si hay algún ilícito en las cuentas bloqueadas es facultad de la Fiscalía General de la República perseguir el delito, porque solamente corresponde al Ministerio Público su seguimiento y su sanción", apuntó.