El Grupo de Acción Financiera (GAFI), conformado por los gobiernos de 37 países, hizo un reconocimiento al trabajo de capacitación y seguimiento de los jueces federales mexicanos, por sus sentencias en contra del lavado de dinero.
Esta organización multinacional revisa las legislaciones y actividades de los países miembros para evitar y combatir tanto el lavado dinero como el financiamiento al terrorismo.
Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal aseveró que el reconocimiento le dio un alto valor a las sentencias de la judicatura federal mexicana porque son contundentes y proporcionales al promedio de penalidad internacional y altamente disuasivas contra el lavado de capitales.
En el marco de la sesión que se realiza en Buenos Aires, Argentina, el consejero José Guadalupe Tafoya Hernández expuso que estos estándares se han alcanzado pese a que la justicia federal mexicana se encuentra aún en la “convivencia entre dos sistemas de justicia penal”.
Por su parte, la PGR y la Secretaría de Hacienda detallaron que el GAFI y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) discutieron y adoptaron el reporte de evaluación de México en cuanto a su nivel de implementación de los estándares internacionales en la prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva.
El reporte indica que México cuenta con un régimen maduro en la materia, que incluye un marco legal e institucional adecuado, y que se ha fortalecido significativamente en distintas áreas desde que el país fue evaluado en 2008.
Además concluye que las autoridades competentes realizaron una Evaluación Nacional de Riesgos adecuada que les permite conocer cuáles son las principales amenazas y vulnerabilidades en la materia, y que conforme a este conocimiento, se han adoptado medidas para mitigar los riesgos y destinar los recursos humanos, financieros y materiales del Estado mexicano de manera más efectiva.
El reporte identifica algunas áreas de oportunidad en materia de procuración de justicia, reforzamiento de la supervisión de actividades vulnerables, así como de la identificación de los beneficiarios finales de activos y empresas, las cuales coinciden con los hallazgos de la Evaluación Nacional de Riesgos antes referida. Dichas áreas deberán ser incorporadas en los planes y programas de trabajo de los gobiernos federal y locales, así como por los sectores regulados.