Golpe judicial histórico: La Corte Suprema declaró inconstitucionales los aranceles globales de emergencia de Trump, marcando el mayor revés legal de su actual mandato.
Freno al poder ejecutivo: El fallo determina que el presidente excedió sus facultades al imponer gravámenes unilaterales, reafirmando que el control del comercio exterior pertenece al Congreso.
Impacto económico inmediato: La Casa Blanca queda obligada a suspender el cobro de estas tarifas, enfrentando la posibilidad de tener que reembolsar miles de millones de dólares ya recaudados.
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Reacción incendiaria: Trump calificó la decisión como un "ataque a la soberanía económica" y un desastre para la seguridad nacional, escalando la tensión entre los poderes del Estado.
Tormenta política perfecta: Este fallo ocurre en el día de mayor tensión militar con Irán, dejando a la administración bajo una doble presión (judicial interna y bélica externa).
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Los aranceles son impuestos: El límite constitucional
El presidente del Tribunal, el juez John Roberts, redactó la opinión de la mayoría, estableciendo que el Ejecutivo no posee facultades inherentes en tiempos de paz para dictar aranceles amparándose en la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, la cual había sido el pilar de la guerra comercial del presidente.
La Suprema Corte determinó que los aranceles funcionan como un tipo de impuesto a los ciudadanos. Por lo tanto, validar el uso de dicha legislación supondría una delegación excesivamente amplia del poder tributario, una facultad que la Constitución reserva de manera exclusiva al Congreso de los Estados Unidos.
Sin embargo, no todos los magistrados compartieron esta visión legal. Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, considerados los más conservadores del Supremo, emitieron las voces del disenso.
En su opinión, no se debería limitar el poder presidencial en esta materia, ya que consideran que la IEEPA tiene aplicaciones legítimas en temas de política exterior.
A pesar de este fallo adverso, la resolución no impide que la administración de Donald Trump busque otras leyes para imponer gravámenes. De hecho, funcionarios gubernamentales ya han manifestado su expectativa de sostener el marco arancelario utilizando basamentos legales distintos.
Previo a la decisión, Donald Trump había advertido que una resolución en contra sería "muy decepcionante", defendiendo sus medidas como la clave del éxito económico de su Gobierno y una herramienta esencial de presión diplomática.
Uno de los puntos más críticos que deja este fallo es el destino de los miles de millones de dólares ya recaudados. Aunque no está claro si los importadores afectados podrán solicitar y recibir reembolsos, el propio mandatario ha reconocido que devolver esas cantidades sería "prácticamente imposible".
El origen del conflicto: Fentanilo y aranceles recíprocos
Esta disputa legal llegó al Supremo tras una demanda interpuesta por dos pequeñas empresas importadoras. En agosto pasado, una corte de apelaciones del Circuito Federal ya había estimado que Donald Trump carecía de autoridad para imponer los llamados "aranceles recíprocos".
Estos gravámenes oscilan desde una base mínima del 10% para países de Latinoamérica o el Reino Unido, hasta un 50% para naciones como India y Brasil.
Además, ese mismo tribunal de apelaciones determinó que el presidente tampoco tenía facultad para aplicar un arancel del 25% a ciertos productos provenientes de México, Canadá y China.
Washington había justificado esta medida como una sanción ante los esfuerzos que consideraba insuficientes para frenar la entrada de fentanilo a territorio estadounidense.
No obstante, en aquel momento, la corte evitó congelar la aplicación de los aranceles impuestos por Donald Trump, otorgando así el tiempo necesario para que el Gobierno Federal elevara el caso hasta la Suprema Corte