La política migratoria en el continente vive un giro sin precedentes. Cientos de ciudadanos venezolanos deportados desde Estados Unidos durante la administración de Donald Trump han sido trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel construida por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. A tres años de su apertura, este complejo, presentado por el Ejecutivo como emblema de seguridad, es señalado por organismos internacionales como un espacio donde se cometen graves violaciones a los derechos humanos.
De la frontera norte a la megacárcel salvadoreña
El traslado de estos migrantes es fruto de una colaboración estratégica entre Washington y San Salvador. Bajo acusaciones de pertenecer a organizaciones criminales como el Tren de Aragua, 252 venezolanos fueron enviados directamente a la megacárcel diseñada originalmente para pandilleros salvadoreños.
Sin embargo, investigaciones de Human Rights Watch (HRW) y la organización Cristosal revelan que muchos de estos individuos no poseían antecedentes penales ni condenas vigentes en EE. UU. o Venezuela. El informe, titulado contundentemente “Llegaron al infierno”, detalla cómo los migrantes pasaron de buscar asilo a enfrentar un régimen de máxima severidad en un país ajeno.
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Así es la vida hoy dentro de la megacárcel de Bukele: tortura y maltrato sistemático
Los relatos recopilados por activistas describen un entorno de violencia constante desde el arribo al aeropuerto salvadoreño. Según las denuncias, los detenidos fueron sometidos a:
- Castigos físicos: Golpizas diarias por parte de la policía antimotines y custodios.
- Aislamiento extremo: Permanencia en celdas de castigo conocidas como "la Isla", sin luz natural ni ventilación adecuada.
- Abusos y humillaciones: Casos de violencia sexual y denegación de servicios básicos de salud e higiene.
- Incomunicación: Durante meses, las familias en Estados Unidos y Venezuela desconocieron el paradero de los deportados, lo que ha sido calificado como desaparición forzada.
Imágenes inéditas a 3 años de su apertura en El Salvador
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El dilema internacional: ¿Cooperación o complicidad?
La práctica de deportar nacionales a un tercer país, donde no tienen vínculos y corren riesgos de tortura, contraviene el principio internacional de no devolución. Mientras Bukele defiende la eficiencia del Cecot para mantener la paz social, HRW insta a la comunidad internacional a auditar estos acuerdos, señalando que el sistema penitenciario salvadoreño parece estar operando fuera de los estándares de la ONU.