Una jueza federal de Boston bloqueó este viernes, de forma temporal, la decisión del gobierno de Donald Trump de revocar el permiso que permite a la Universidad de Harvard matricular a estudiantes extranjeros.
La medida representa un freno a una de las acciones más polémicas de la actual administración, que ha escalado su confrontación con la institución académica más reconocida de Estados Unidos.
La decisión judicial fue emitida por la jueza de distrito Allison D. Burroughs, quien resolvió a favor de una moción presentada por Harvard para solicitar una orden de restricción temporal ante la inminente entrada en vigor de la revocación impuesta por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
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Según Burroughs, Harvard ha demostrado que la medida “provocaría un daño inmediato e irreparable” si se implementa antes de una audiencia formal.
¿Qué implica para Harvard y sus estudiantes?
La orden judicial tiene efecto inmediato y permitirá a Harvard mantener, por ahora, su capacidad legal para inscribir y retener a estudiantes internacionales, quienes representan aproximadamente una cuarta parte de su matrícula. Además, evita que los alumnos extranjeros actualmente inscritos se vean forzados a abandonar la institución o perder su estatus migratorio.
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La jueza Burroughs fijó una audiencia para el próximo 27 de mayo a las 9:30 a.m. (hora local), en la que ambas partes, el gobierno federal y Harvard, deberán presentar sus argumentos.
¿A qué se debe?
Apenas un día antes, el gobierno de Trump había informado a Harvard que su Programa de Estudiantes y Visitantes Extranjeros quedaba revocado, una decisión firmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Como respuesta, la universidad presentó una nueva demanda contra la administración federal, argumentando que la certificación para aceptar estudiantes extranjeros es esencial no solo para su funcionamiento académico, sino también para cumplir con la legalidad migratoria de su comunidad.
Harvard sostuvo que la revocación “ya ha desbaratado innumerables programas académicos, laboratorios de investigación, clínicas y cursos”.
La medida forma parte de una ofensiva más amplia impulsada por el Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo, creado por Trump, que ha puesto bajo la lupa a universidades como Harvard, Columbia y Princeton por supuestas políticas de “discriminación positiva” y por no fomentar lo que la administración define como “diversidad de ideas”. Con información de EFE