En una operación de alto riesgo que movbusca desmantelar la capacidad operativa de los cárteles desde la cárcel y enfrentar su impunidadilizó a 2 mil elementos de fuerzas especiales mexicanas, decenas de los líderes de la droga más peligrosos de México fueron extraditados a Estados Unidos este año, según revela un reportaje de The Wall Street Journal firmado por Santiago Pérez.
Un total de 55 cabecillas de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas, entre ellos figuras notorias como Rafael Caro Quintero, fueron sacados de prisiones mexicanas donde, gracias a la corrupción, seguían dirigiendo sus lucrativos imperios criminales con acceso a armas, drogas y teléfonos.
Esta medida, impulsada bajo la figura de la seguridad nacional, busca desmantelar la capacidad operativa de los cárteles desde la cárcel y enfrentar su impunidad , destaca el texto.
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Los prisioneros, que fueron esposados de pies y manos y abordaron aviones militares sin conocer su destino, se encuentran ahora bajo custodia estadounidense enfrentando cargos que podrían resultar en cadena perpetua.
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Derek Maltz, exdirector de la DEA, citado por The Wall Street Journal, calificó el hecho como un nivel de extradición "nunca antes visto" en la historia de la agencia. La transferencia se realizó de manera encubierta para evitar fugas, disturbios o, incluso, que los propios cárteles intentaran asesinar a sus líderes para evitar la revelación de secretos a las autoridades estadounidenses.
Objetivo de la extradición y desmantelamiento del 'Cártel Carcelario'
El objetivo de las autoridades estadounidenses es que muchos de estos líderes de la droga compartan información de primera mano sobre las operaciones del crimen organizado, abarcando rutas de contrabando, esquemas de lavado de dinero y, crucialmente, los nombres de funcionarios de gobierno, militares y financieros que han sido sobornados para servir a la industria del narcotráfico.
La operación de expulsión forzosa se justificó por motivos de seguridad nacional, permitiendo a las autoridades mexicanas evadir la obligación de notificar a los representantes legales de los presos, un procedimiento que fue legalmente dudoso pero efectivo para sortear las 133 apelaciones judiciales que líderes como los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño, del grupo paramilitar Los Zetas, habían utilizado para frustrar intentos de extradición previos.
Los Treviño, por ejemplo, controlaban una red de más de 600 reclusos, constituyendo lo que las autoridades denominaron un "cártel carcelario" que atemorizaba a las comunidades desde la cárcel.
Contexto político y estrategia de seguridad
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la acción en septiembre, declarando que se llevó a cabo "por la seguridad y la paz de nuestro país, y forma parte de la colaboración con Estados Unidos".
La selección de cabecillas de todos los cárteles principales buscó demostrar que la administración no favorecía a ninguna organización.
La idea de usar las leyes de seguridad nacional se gestó durante la administración Biden, pero fue la presión de la administración Trump, incluyendo amenazas de aranceles punitivos, lo que impulsó la acción. Las autoridades mexicanas creen que estas expulsiones ayudaron a la administración Sheinbaum a evitar una posible intervención militar estadounidense, publica el diario estadounidense.
La logística de la misión fue meticulosa: se tomaron más de una docena de prisiones, se reemplazaron directores y custodios con fuerzas especiales, se cambiaron empresas de catering para evitar envenenamientos, y se realizaron monitoreos de comunicaciones y actividad bancaria de los círculos íntimos de los capos.
El exlíder de Los Caballeros Templarios, Servando "La Tuta" Gómez, fue uno de los más vigilados, con acciones de señuelo y el congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a redes de informantes.
La exitosa transferencia de estos líderes de la droga a Estados Unidos representa un golpe estratégico a las estructuras de mando de los cárteles y un punto de inflexión en la cooperación binacional de seguridad, aunque la legalidad del procedimiento sigue siendo debatida por analistas y abogados.
Se está discutiendo ya un tercer traslado de capos a Estados Unidos, lo que sugiere que esta estrategia se consolidará como una política clave contra el crimen organizado, tal como lo ha documentado The Wall Street Journal en este informe.