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La ofensiva del presidente estadounidense Donald Trump por minar el desempeño de la Corte Penal Internacional no cesa.
Estados Unidos ha extendido por decreto la lista de jueces de la Haya sancionados. Los nuevos en entrar en la lista negra son los jueces provenientes de Mongolia y Georgia, quienes votaron en contra del intento de Israel de cesar la investigación en curso sobre los crímenes de guerra israelíes en Gaza.
Los jueces Erdenebalsuren Damdin y Gocha Lordkipanidze y sus familiares ahora ya no pueden viajar a los Estados Unidos y si tienen posesiones han sido congeladas.
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Según el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, la Corte Penal Internacional está involucrada en "acciones politizadas contra Israel, que sienta un precedente peligroso para todos los países"
Con esta última decisión, la lista de jueces sancionados por Estados Unidos desde junio de 2025 asciende a ocho, entre los que están además los magistrados de Benín, Uganda, Eslovenia, Francia, Canadá y la peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza.
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Otros diez más podrían estar en la mira, entre ellos la primera juez mexicana en la Corte Penal Internacional, Socorro Flores Liera, quien se muestra firme ante la presión externa.
Socorro Flores asegura que, pese a las presiones, la justicia tarde o temprano llegará a quienes son reclamados por La Haya, pues los plazos de la ley van más allá de los ciclos políticos.
Entre los reclamados por La Haya por presuntos crímenes de guerra, se encuentra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente ruso, Vladimir Putin.
La Corte Penal Internacional tiene 125 países miembros.
Se distingue por procesar a personas en todo el mundo por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Puede actuar por iniciativa o a petición del Consejo de Seguridad de la ONU, siempre y cuando el país en cuestión está imposibilitado, o no tenga voluntad de investigar los más severos crímenes presenciados por la humanidad.
Países como Estados Unidos, China, Rusia e Israel, no reconocen la competencia del tribunal diseñado para perseguir genocidas.