En un hecho histórico, Uruguay se convirtió este miércoles en el primer país de América del Sur en legalizar la eutanasia mediante la aprobación del proyecto de ley de Muerte Digna en la Cámara de Senadores. La normativa, que ya había sido avalada por la Cámara de Representantes, busca garantizar el derecho de los ciudadanos a transitar de forma digna el final de la vida ante enfermedades incurables, irreversibles y causantes de sufrimiento insoportable.
Tras más de diez horas de intenso debate, legisladores del oficialista Frente Amplio votaron a favor del proyecto, al igual que varios representantes del opositor Partido Colorado y algunos del Partido Nacional. Con esta sanción, Uruguay da un paso trascendental en el reconocimiento de los derechos individuales, particularmente en lo que respecta al final de la vida.
Un derecho respaldado por garantías y procedimientos claros
El texto aprobado establece que podrán acceder a la eutanasia los mayores de edad psíquicamente aptos que padezcan enfermedades terminales incurables o sufran dolores que no puedan ser aliviados de manera tolerable. Esto incluye tanto a ciudadanos uruguayos —naturales o legales— como a extranjeros con residencia acreditada en el país.
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“Transcurrir con dignidad el proceso final de la vida cursando una enfermedad intratable, incurable e irreversible no debe ser penalizado”, se señala en el articulado de la nueva ley.
Además, se detalla un procedimiento estricto y regulado para solicitar la eutanasia, lo cual incluye evaluaciones médicas, la confirmación del estado mental del solicitante, y el respeto absoluto a la voluntad del paciente.
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Senadores defienden el derecho a una muerte digna
Durante el debate, el senador del Frente Amplio, Daniel Borbonet, subrayó la importancia del proceso legislativo que llevó a esta aprobación. “Este proyecto ha sido construido con responsabilidad. Se han establecido garantías claras para proteger a los pacientes y se ha respetado la voluntad individual”, afirmó Borbonet.
En la misma línea, Ope Pasquet, senador del Partido Colorado, defendió la ley como una medida “necesaria, liberal y humanitaria”.
“Hay mucha gente que llega al final de la vida con sufrimientos insoportables. Esta ley les da la posibilidad de decidir sin tener que pasar por un calvario”, comentó Pasquet en entrevista con la Agencia EFE.
Próximos pasos: reglamentación e implementación
Según lo estipulado en el texto, el Poder Ejecutivo tiene un plazo máximo de 180 días desde la promulgación para reglamentar la ley. Una vez reglamentada, el Ministerio de Salud Pública deberá conformar en un plazo no mayor a 90 días la Comisión Honoraria de Revisión, encargada de evaluar los casos aplicados bajo el derecho a la eutanasia.
Esta comisión estará integrada por un representante del Ministerio de Salud Pública, uno del Colegio Médico del Uruguay, uno de la Universidad de la República y otro de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Deberá emitir un informe anual que será enviado tanto al Ministerio como a la Asamblea General.
Uruguay, que ya había sido pionero en la región con leyes progresistas como la del matrimonio igualitario y la legalización de la marihuana, vuelve a posicionarse a la vanguardia con esta normativa que regula el acceso legal a la eutanasia, un derecho largamente reclamado por pacientes, familias y profesionales de la salud.
Con información de EFE.