El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, enfrenta una acusación histórica por presuntamente liderar una insurrección y abusar de su poder al declarar la ley marcial el pasado 3 de diciembre.
Esta imputación marca un precedente, pues es la primera vez en la historia del país que un mandatario en funciones es formalmente acusado mientras permanece bajo arresto preventivo.
¿Qué implica la acusación hacia el presidente de Corea del Sur?
La Fiscalía surcoreana decidió proceder con los cargos tras analizar las pruebas reunidas por la Oficina para la Investigación de Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO), organismo que inició la investigación penal.
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Según los reportes, Yoon habría conspirado con el exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, y otros altos mandos militares para imponer la ley marcial y movilizar tropas hacia la Asamblea Nacional con el objetivo de bloquear a los legisladores que buscaban revocar el decreto.
La ley surcoreana permite un máximo de 10 días de arresto preventivo a los sospechosos, salvo que se extienda el plazo o se presenten cargos formales. En el caso de Yoon, el período de detención vence este martes y la Fiscalía decidió proceder con la imputación antes de que expire el plazo.
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De ser encontrado culpable de insurrección, el mandatario podría enfrentar severas penas, que van desde cadena perpetua hasta la pena de muerte. Aunque esta última está en desuso debido a una moratoria vigente desde 1997, sigue siendo una posibilidad legal.
Además del proceso penal, el Tribunal Constitucional está llevando a cabo un juicio político para determinar si confirma la destitución de Yoon, aprobada por el Parlamento el pasado 14 de diciembre. En caso de que el tribunal ratifique su destitución, se convocarán elecciones presidenciales anticipadas en un plazo de 60 días.
El caso del presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, mantiene al país en vilo, ya que su desenlace definirá el futuro político del mandatario, así como el rumbo democrático de la nación.
Con información de EFE.