El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, tiene una orden de aprehensión en Estados Unidos, luego de que un juez la dictara este miércoles para su posterior extradición a su país.
El juez Thomas Hixon, del Distrito Norte de California, emitió la orden que revoca la libertad bajo fianza del exmandatario peruano, con la que pide que se entregue a las autoridades este viernes 7 de abril, a las 9:00 horas en San Francisco.
La decisión del juez llega luego de que una corte de apelaciones negara la solicitud del expresidente para frenar la extradición y la petición de detención por pare de un fiscal, recoge la agencia internacional EFE.
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La corte de apelaciones aseguró este miércoles que el cumplimiento adecuado de la extradición "favorecería la relación entre ambos países", además de promover la mejora de una "norma internacional para mantener la ley y el orden".
La defensa del expresidente peruano apuntó que un eventual traslado a su país de origen podría poner en riesgo su vida, debido a las "terribles" condiciones de las cárceles en esa nación, así como por su edad y los problemas de salud que le aquejan.
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También se señala que el latinoamericano había demostrado una base legal que Toledo no había podido refutar.
Ante la resolución del juzgador, el fiscal Ismail J. Ramsey solicitó poner a Toledo bajo custodia del servicio de alguaciles de EU.
"Una vez que Toledo se encuentre bajo custodia, Estados Unidos se encargará de ejecutar su entrega a las autoridades peruanas sin demora, suponiendo que no existan impedimentos legales para ello", escribió Ramsey en el documento.
Cargos contra Alejandro Toledo en Perú
La justicia peruana pretende la extradición del expresidente, quien actualmente reside en San Francisco, para que enfrente cargos penales por supuestamente haber recibido sobornos millonarios cuando gobernaba.
Estos habrían sido por parte de la constructora brasileña Odebrecht, para ser favorecida en sus negocios en el territorio peruano.
Así, se le investiga por lavado de activos, colusión y tráfico de influencias por contratos concedidos a la empresa brasileña para la construcción de la Ruta Interoceánica entre Brasil y Perú.
En 2019, el exmandatario fue detenido en California, donde había vivido los últimos años, y pasó por ocho meses de prisión ante un posible riesgo de fuga, pero logró salir bajo fianza durante la pandemia.