El ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, ha afirmado que el 60 por ciento de los casi 65 mil detenidos en el marco del draconiano régimen de excepción impuesto por el Gobierno de El Salvador, serán trasladados a una cárcel de máxima seguridad en Tecoluca, en el departamento de San Vicente.
Por su parte, el ministro de Defensa, René Merino, ha confirmado los números y ha indicado que "esos son los niveles" de traslado de pandilleros detenidos durante once meses al llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel que se ha construido en menos de siete meses con capacidad para 40 mil reos, según ha informado el diario salvadoreño 'El Mundo'.
Las fuerzas de seguridad ya trasladaron el pasado viernes a los primeros 2 mil presos hasta el nuevo penal, tal y y como informó el propio presidente, Nayib Bukele, en su perfil de Twitter. Según las autoridades salvadoreñas todavía quedan cerca de 30 mil pandilleros por arrestar.
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha recibido más de 4 mil habeas corpus de la ciudadanía en el contexto de un régimen de excepción, aprobado en el Congreso en marzo de 2022 tras una escalada de violencia, sin que haya resuelto más de 3.500.
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Así lo señaló este martes el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) en sus redes sociales.
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¿Qué es habeas corpus?
Es un procedimiento jurídico mediante el cual cualquier ciudadano puede comparecer inmediatamente ante el juez para determine su legalidad del arresto. Por otro lado, desde 2022 y enero de 2023 suman 4.012 solicitudes, "de las cuales el 78 % (3.518) no fueron resueltas en el periodo en mención".
Subrayó que "la sede judicial con el mayor registro de solicitudes de habeas corpus fue la Secretaría de la Sala de lo Constitucional con un total de 3369 solicitudes durante el periodo reportado, de las cuales no resolvió ninguna hasta la fecha".
Tras una escalada de homicidios, que se cobró la vida de más de 80 personas en marzo de 2022, el Congreso aprobó la suspensión de garantías constitucionales y, a petición del Gobierno de Nayib Bukele, ha extendido la medida en 11 ocasiones por períodos de 30 días
De acuerdo con las cifras oficiales, bajo el régimen de excepción se han detenidos a más de 64.000 personas, a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros y de las que se han liberado a más de 3.300.
Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias. Además, activistas de derechos humanos registran más de 100 muertes de detenidos.
Las autoridades atribuyen a esta medida y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57 % menos que en 2021