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El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, transita de la diplomacia tradicional a una ruta de denuncia penal para exigir justicia por el fallecimiento de 17 mexicanos bajo custodia o en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.
Un cambio de estrategia ante la crisis migratoria
Ante el incremento de decesos de ciudadanos mexicanos en operativos migratorios estadounidenses, el Ejecutivo Federal ha oficializado una ofensiva legal. Este cambio busca abandonar el esquema de notas diplomáticas, que han demostrado ser insuficientes, para integrar la vía penal como eje central de la relación bilateral en materia migratoria.
En entrevista para MVS Noticias, el profesor investigador de la UNAM y exdirector del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén, calificó esta acción como un "giro político" fundamental ante la ineficacia de los canales previos.
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La vía judicial: ¿Qué busca México?
El planteamiento mexicano se fundamenta en los instrumentos internacionales existentes, específicamente en el Tratado de Asistencia Jurídica entre ambos países. El objetivo es que la Fiscalía General de la República (FGR) traslade los casos al terreno penal para forzar una respuesta del Departamento de Justicia estadounidense.
"Se pasa de la nota diplomática a un tono político por el horizonte en el que se están planteando las cosas; se busca avanzar hacia el terreno penal y, si es posible, un planteamiento ante el Departamento de Justicia", señaló Guillén durante la entrevista.
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Los obstáculos: Impunidad y resistencia política
A pesar de la nueva postura, la administración de Sheinbaum se enfrenta a una estructura de poder en Estados Unidos que el experto describe como un "manto de impunidad".
- Presupuesto contra migrantes: Agencias como Homeland Security y CBP cuentan con recursos significativos destinados a políticas restrictivas.
- Silencio institucional: A pesar de las solicitudes de informes presentadas por congresistas demócratas, las autoridades de seguridad estadounidenses han mantenido un silencio prolongado.
- Discurso de alto nivel: Figuras políticas como Stephen Miller y el vicepresidente JD Vance han sido señalados por respaldar un marco de falta de rendición de cuentas para los agentes de migración.
El peso de la indignación social
Casos como el de Lorenzo Salgado han servido como catalizadores de la presión social. En ciudades como Houston, la movilización de organizaciones civiles y el apoyo de representantes demócratas, como Silvia García, han sido determinantes para exigir justicia a las autoridades locales.
Asimismo, el investigador resaltó que los resultados de las elecciones de noviembre en Estados Unidos dictarán si el escenario de impunidad actual se mantiene o si existirá una apertura institucional para reparar los daños a las familias de los connacionales afectados.
Por ahora, México apuesta por litigar desde el primer momento, buscando que las fiscalías federales y estatales de la Unión Americana reconozcan estos casos como parte de su propia jurisdicción legal.