Audio relacionado
En un movimiento legal que redefine el debate sobre los derechos individuales y el final de la vida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por unanimidad de votos abrir el expediente para analizar la constitucionalidad de la prohibición de la eutanasia en México.
La resolución de los ministros se da tras un prolongado proceso de seis años de litigio estratégico impulsado originalmente por la organización México Igualitario. Con este fallo, el máximo tribunal del país transita a la etapa de revisión de fondo, lo que abre formalmente una vía jurídica para la despenalización y eventual regulación del suicidio asistido y la muerte asistida en territorio nacional.
En entrevista para MVS Noticias con Ana Francisca Vega, Samara Martínez Montaño, activista independiente y paciente con insuficiencia renal terminal, condición que la obliga a someterse a tratamientos diarios de diálisis, calificó el avance como un logro histórico dentro del panorama jurídico mexicano.
Te podría interesar
"Nuestra sorpresa fue que nada más esperábamos tres votos a favor, que era lo que necesitábamos. Y fue muy lindo ver que, de manera unánime, los cinco [ministros] dieran avance a este importante tema", señaló Martínez Montaño, subrayando el impacto político de la decisión.
La doble ruta: El panorama en la SCJN y el Senado
El camino hacia la legalización de la eutanasia opera actualmente bajo dos estrategias paralelas. Mientras la Suprema Corte avanza en la ruta judicial, en el Poder Legislativo se mantiene bajo análisis la denominada "Ley Trasciende", un proyecto de alcance federal que busca normar los procedimientos médicos de muerte digna.
Te podría interesar
A pesar de que el Congreso de la Unión se encuentra en receso legislativo, los colectivos de la sociedad civil planean reactivar las mesas de trabajo y la presión política a partir de agosto. Según la perspectiva del movimiento civil, el fallo de la SCJN añade un componente de presión institucional sobre las bancadas parlamentarias.
"Viendo el escenario, creo que hasta por una cuestión de conveniencia legislativa, esto viene a apresurarlos a que sí o sí lo dictaminen. Sabemos que en estos mundos políticos que tengas que actuar por la presión de la Suprema Corte no te deja bien ante la sociedad", argumentó la activista.
De acuerdo con el diseño legislativo, la Comisión de Salud del Senado funge como la instancia de origen; una vez aprobado el dictamen, la Cámara de Diputados operaría como revisora para su ratificación.
Las perspectivas del debate: Entre el Estado laico y las objeciones privadas
El debate en torno a la muerte asistida en México involucra posturas transversales de salud pública, bioética y libertades civiles. Desde la perspectiva del activismo, Martínez Montaño apuntó que no existen argumentos médicos o bioéticos sólidos presentados en la arena pública que contrapongan el derecho a decidir sobre el cuerpo ante padecimientos terminales e intolerables.
No obstante, en el ámbito privado persisten sectores detractores, vinculados principalmente a corporaciones e ideologías religiosas, que históricamente han manifestado su rechazo al suicidio asistido por consideraciones morales sobre la inviolabilidad de la vida. Al respecto, los promotores de la reforma enfatizan que, bajo el principio constitucional de un país laico, las políticas sanitarias y de derechos humanos deben fundamentarse en la autonomía del paciente y no en dogmas de fe.
La Suprema Corte de Justicia no cuenta con un plazo perentorio fijado por la ley para emitir la sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de la materia. Sin embargo, el avance del expediente coloca formalmente a México en la lista de naciones latinoamericanas que discuten la reconfiguración legal de sus códigos penales y sanitarios en favor del derecho a una muerte digna.