La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó ejercer su facultad de atracción para conocer el amparo que promovió una mujer, diagnosticada en dos ocasiones con cáncer de mama, quien impugnó diversos artículos de la Ley General de Salud, con el fin de que se permita la eutanasia y el suicidio asistido.
¿Quién promovió el amparo sobre muerte asistida ante la SCJN?
El ministro Arístides Guerrero García sostuvo que el alto tribunal debe entrar al debate de este tema, tal y como ha sucedido en otros países.
“En Austria, también a partir de un fallo del tribunal constitucional que, desde el año 2021, permite lo que hoy se denomina el suicidio asistido y tribunales constitucionales como el de Alemania e Italia, han emitido resoluciones que permiten el suicidio asistido en ciertos casos y exhortan a los legisladores a establecer un marco legal adecuado. Creo que dentro del contexto y el debate internacional, ha sido una temática de relevancia, y es el motivo por el cual este tribunal constitucional debe dar el debate en su momento”.
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Por su parte, el ministro Giovanni Figueroa Mejía aseveró que este asunto brinda la oportunidad de fijar un criterio novedoso.
“Este asunto nos ofrece una gran oportunidad para fijar un criterio novedoso en torno a la eutanasia y a otros procedimientos de muerte asistida. En el caso, la quejosa es una mujer con formación de tanatóloga, que ha sido, además, diagnosticada en dos ocasiones con cáncer de mama; derivado de su situación de salud y tomando en cuenta lo que ella misma ha visto, así como la muerte de sus seres queridos, con base en esto, ella decide combatir las normas previstas en la Ley General de Salud y el Código Penal de la Ciudad de México que prohíben la eutanasia, porque considera que debe respetarse su autonomía para decidir cómo y cuándo concluir su ciclo de vida”.
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Asimismo, la mujer argumenta que las normas amenazan la libertad de terceras personas, porque permiten el castigo con prisión a los que asistan a enfermos terminales, lo que provoca un efecto permanente y una invasión en su autonomía, libertad, derecho a decidir y proyecto de vida.
El asunto será turnado a un integrante del pleno de la Corte para que elabore un proyecto de sentencia que deberá ser discutido en los próximos meses.