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Norma Julieta Río Venegas, excomisionada del INAI y experta en protección de datos personales, mencionó que las compañías telefónicas vinculan números telefónicos sin el consentimiento de los usuarios.
El plazo para el registro obligatorio de telefonía móvil está a punto de expirar, y los usuarios que no cumplan se enfrentan a una medida drástica: la restricción de sus equipos para permitir únicamente llamadas de emergencia.
Sin embargo, el proceso ha desatado una crisis de privacidad, fallas operativas en los sistemas de las compañías de telecomunicaciones y una reciente ola de recursos legales.
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Líneas 'fantasmas' y registros automáticos
Durante la emisión de MVS Noticias con Pamela Cerdeira, se expusieron las graves inconsistencias del sistema. Diversos usuarios de planes de postpago han sido vinculados automáticamente utilizando información previamente almacenada por las empresas, sin un consentimiento actualizado.
Peor aún, se han documentado casos de suplantación donde ciudadanos descubren líneas registradas a su nombre en compañías ajenas. Intentar desvincular estos números resulta un callejón sin salida: las plataformas exigen ingresar el número telefónico completo para cancelar la línea, pero los sistemas solo muestran los últimos cuatro dígitos al usuario afectado.
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Violación a la Ley de Protección de Datos Personales
Venegas, advirtió sobre las repercusiones de estas prácticas a la luz de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
"Ahí están vulnerando el principio de finalidad que marca la ley (...) debieron de habernos puesto nuevamente el aviso de privacidad porque la finalidad ha cambiado", señaló del Río Venegas, enfatizando que un simple mensaje de texto no suple las obligaciones legales de las telefónicas.
¿Medida de seguridad o fracaso contra la extorsión?
Las compañías se encuentran en una encrucijada legal, atrapadas entre el cumplimiento de la normatividad de privacidad y las reformas gubernamentales que exigen este padrón con datos sensibles como la CURP.
Aunque el gobierno justifica la medida como una herramienta para frenar la delincuencia, las cifras oficiales cuestionan su efectividad. De acuerdo con el reporte del primer trimestre de la CONDUSEF, las extorsiones a bancos incrementaron en más de un 20%.
"Los países han fracasado para la extorsión de los fraudes (...) la gente va y compra chip en el mercado negro para salvarse de esto, pero no es la solución, porque a qué persona estás vinculada", alertó la especialista.
Ante la desconfianza generalizada, la ciudadanía ha comenzado a tomar acciones legales para proteger su información.
"Ya hay gente amparada y estamos esperando a ver qué procede (...) va a ser también un aspecto económico muy fuerte para el país y para todos los usuarios", concluyó del Río Venegas ante el inminente apagón de líneas no registradas.
El desenlace de esta política dependerá de la resolución de los amparos en curso, mientras el debate sobre la seguridad nacional frente a la privacidad de los mexicanos sigue abierto.