El registro de celulares en México es obligatorio desde el 9 de enero de 2026 y tiene como fecha límite el 30 de junio. El gobierno lo presenta como una herramienta contra la extorsión y el fraude.
Este no es el primer intento. En 2009 se creó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), con los mismos argumentos de seguridad. Fue eliminado en 2011 tras documentarse que información de usuarios apareció a la venta en mercados informales, sin que se lograran avances significativos en la persecución de delitos. En 2022, la Suprema Corte declaró inconstitucional un registro similar por vulnerar la privacidad. Hoy el esquema se repite.
¿Quién puede ver tus datos con el registro de celulares en México?
Aunque el gobierno asegura que la información quedará en manos de las telefónicas y no del Estado, la realidad legal es otra: cada empresa está obligada a entregar esa información si las autoridades de seguridad la requieren, sin necesidad de orden judicial y con muy pocas salvaguardas. Eso significa que tu nombre, CURP y número pueden ser consultados por las autoridades en cualquier momento.
Te podría interesar
La organización R3D advierte que la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública faculta a las autoridades a acceder a datos de operadoras telefónicas sin orden judicial, lo que en México representa un riesgo especialmente grave dado el historial documentado de abusos y la posible colusión con el crimen organizado. Periodistas, activistas, opositores y migrantes son los grupos identificados como más vulnerables.
¿Sirven los riesgos del registro de celulares en México para frenar el crimen?
Los críticos señalan que la medida no resuelve el problema de fondo: los criminales pueden usar líneas registradas con identidades robadas, emplear dispositivos de otras jurisdicciones con roaming internacional, utilizar aplicaciones de VoIP encriptadas como WhatsApp o Signal, o seguir usando teléfonos robados, ya que el sistema no verifica la propiedad del dispositivo físico. La carga recae sobre el ciudadano común, no sobre el delincuente.
Te podría interesar
Con menos de dos meses para el cierre del plazo, los riesgos del registro de celulares en México siguen siendo el debate que el gobierno prefiere no protagonizar: entregar tus datos es obligatorio, pero la infraestructura para protegerlos aún no ha demostrado estar a la altura.