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En entrevista con Sheila Amador para MVS Noticias, Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE y director general de Integralia Consultores habló sobre los legisladores, quienes aprobaron modificaciones en materia electoral.
De acuerdo con Ugalde, esta medida representa un intento de cooptación y compra de árbitros electorales, lo cual compromete la imparcialidad en los procesos democráticos.
La reelección y el riesgo para el árbitro
Según el análisis de Ugalde, la posibilidad de que los magistrados electorales puedan ser reelegidos por periodos extendidos es sumamente grave. El exconsejero destacó los siguientes puntos clave sobre el riesgo de este cambio legal:
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- Intento de cooptación: Permitir que los magistrados busquen la permanencia en sus cargos es interpretado como un intento de comprar la voluntad del árbitro electoral, debilitando la equidad en la contienda.
- Arbitraje menos confiable: Al otorgarles la posibilidad de extender su estancia seis o siete años adicionales, se pone en duda su capacidad para juzgar con imparcialidad, ya que su permanencia dependería de las decisiones políticas.
- Proceso opaco: Ugalde enfatizó que la propuesta fue ingresada de manera intempestiva y a escondidas, durante la madrugada, sin haber sido objeto de una deliberación previa ni de comunicación abierta sobre su contenido.
¿Qué impacto tendrá en las futuras campañas?
La preocupación se extiende hacia el entorno de las próximas elecciones. El especialista advirtió que la falta de supervisión sobre el financiamiento y la intromisión del crimen organizado en las campañas políticas es una asignatura pendiente que no ha sido abordada correctamente.
- Campañas anticipadas: Ugalde señaló que la autoridad actual permite que los partidos políticos, especialmente el partido oficialista, inicien sus campañas con meses de antelación, lo cual genera una ventaja desproporcionada.
- Vulnerabilidad ante el crimen: El director de Integralia Consultores advirtió sobre la falta de protección hacia los candidatos en zonas del territorio nacional donde el crimen organizado opera, señalando que estos pueden ser cooptados, sobornados o ejecutados.
- Ausencia de medidas de seguridad: Se criticó que no existan mecanismos efectivos para evitar la intervención del crimen en la contienda, lo cual hace irrelevante la certificación de que un candidato carezca de antecedentes penales.
Respecto a la creación de una comisión para revisar los expedientes de las y los aspirantes, Ugalde calificó la medida como superficial.
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Según su perspectiva, el problema real no es la falta de transparencia en los antecedentes de los candidatos, sino la incapacidad del Estado para proteger a quienes realizan campaña en territorios dominados por el crimen organizado.