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En entrevista para MVS Noticias con Ana Francisca Vega, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, detalló los ejes centrales de las nuevas propuestas de reforma legal y constitucional que buscan redefinir el sistema judicial y electoral en México. Entre los puntos más destacados se encuentran el aplazamiento de la segunda etapa de la elección de jueces, nuevos mecanismos de transparencia y un protocolo para evitar la infiltración del crimen organizado en las candidaturas.
Elecciones Judiciales 2028: ¿Por qué el cambio de fecha?
Uno de los cambios más relevantes es el ajuste en el calendario electoral. Originalmente prevista para 2027, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum busca trasladar la elección de la segunda mitad de jueces y magistrados al 2028.
Según Alcalde, este movimiento tiene dos objetivos primordiales:
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- Evitar el colapso operativo: No saturar la elección intermedia de 2027, que será "una de las más grandes de la historia".
- Fomentar el voto informado: Dar más tiempo a la ciudadanía para conocer a los aspirantes y simplificar el proceso.
La consejera explicó que, a diferencia del proceso inédito de 2025, se transitará hacia un modelo de distritos judiciales. "La idea es que cada ciudadano pueda votar por un pedazo, o sea, por un juez y un magistrado por materia", permitiendo una campaña más sencilla y una boleta con mayor claridad sobre qué poder (Ejecutivo, Legislativo o Judicial) propone a cada candidato.
Vigilancia contra el crimen organizado y el rol del INE
Ante la preocupación por la seguridad en los procesos electorales, la iniciativa plantea crear una comisión especial dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) que funcione como vínculo con instancias de inteligencia y seguridad como la FGR, la UIF y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
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- El mecanismo: Los partidos políticos entregarán sus listas de aspirantes al INE, que a su vez las remitirá a las dependencias de seguridad para detectar "riesgos razonables" de vínculos con actividades delictivas.
- Confidencialidad y decisión: La información será entregada de manera privada a los partidos. Alcalde subrayó que el INE no juzgará ni emitirá opiniones, sino que la decisión final de mantener o retirar una candidatura recaerá en la responsabilidad política de cada partido.
Debate por la anulación de elecciones por "injerencia extranjera"
Un tema que ha generado fricciones, incluso dentro del movimiento oficialista, es la propuesta del diputado Ricardo Monreal para incluir la injerencia extranjera como causal de nulidad de una elección. La oposición y figuras como Olga Sánchez Cordero han criticado la ambigüedad de conceptos como "manipulación mediática".
Al respecto, Alcalde defendió la propuesta argumentando que busca proteger la soberanía nacional. Precisó que para anular una elección no basta con la sospecha, sino que se deben probar elementos objetivos, tales como:
- Financiamiento proveniente del exterior para favorecer o perjudicar candidatos.
- Uso de propaganda digital coordinada y automatizada ("bots") que difunda mentiras de forma engañosa desde el extranjero.
"No basta con que yo opino... tú tienes que probar con elementos objetivos a la autoridad electoral que esto sucedió y que tuvo una incidencia en el resultado", puntualizó la funcionaria.
Eficiencia de costos y revocación de mandato
La reforma también prevé que, de solicitarse una revocación de mandato, esta pueda coincidir con las elecciones judiciales de 2028 para eficientar el uso de recursos públicos y evitar el desgaste de organizar dos procesos independientes de alto costo.
Actualmente, estas iniciativas están bajo discusión en el Congreso de la Unión. De ser aprobadas, el nuevo marco normativo regiría las elecciones intermedias de 2027 y el proceso judicial de 2028, estableciendo criterios homologados y transparentes entre los tres poderes de la Unión.