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En entrevista para MVS Noticias con Ana Francisca Vega, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, analizó el debate en torno a la propuesta de trasladar la elección judicial de 2027 a 2028. El especialista señaló que, aunque aplazar los comicios facilita la logística del proceso, la medida es insuficiente debido a que no resuelve los problemas estructurales de fondo en el sistema de justicia mexicano.
El fantasma de los "acordeones" y la movilización ilegal
Para el especialista, los comicios de 2025 dejaron un precedente negativo en términos de calidad democrática y participación ciudadana. Según Martín Reyes, el uso de "acordeones" para orientar el voto no fue un hecho aislado, sino la evidencia de una estrategia de movilización ilegal operada por partidos políticos y posibles recursos de procedencia ilícita.
El académico comparó las reformas actuales con la aplicación de un "curita" en una herida profunda que demanda una intervención mayor para evitar que el sistema sea controlado por intereses partidistas.
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Comités de Evaluación: Entre la técnica y la política
Uno de los cambios discutidos es la creación de un comité homologador para los criterios de evaluación de candidatos. Si bien la propuesta busca evitar la disparidad de criterios vista en procesos anteriores, persiste la duda sobre la imparcialidad de estos filtros.
Martín Reyes señaló que, en el pasado, perfiles con alta competencia técnica han quedado fuera frente a figuras con una marcada identidad política vinculada al oficialismo. "Es una anomalía democrática que órganos del Estado decidan quién puede aparecer en la boleta", puntualizó el experto.
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La deuda pendiente: fiscalías y policías con 90% de impunidad
Un punto crítico en el debate es la ausencia de una reforma integral que alcance a las fiscalías y cuerpos policiales,. A pesar de las promesas del Ejecutivo, los esfuerzos parecen concentrados únicamente en el Poder Judicial, ignorando los eslabones donde la impunidad supera el 90% en delitos graves.
Finalmente, el análisis subraya que, hasta el momento, la discusión se ha centrado en presentaciones de apoyo visual y no en un texto jurídico definitivo. La publicación de las disposiciones legales será fundamental para determinar si estos ajustes realmente fortalecerán la justicia en México o si quedarán en meras diapositivas de PowerPoint.