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En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Jesús Plácido Galindo, promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata de la Montaña Baja de Guerrero, explicó cómo encontraron sus hogares las familias desplazadas que regresaron a Chilapa, Guerrero.
La situación de violencia y desplazamiento forzado en la Montaña Baja de Guerrero ha alcanzado niveles críticos. Galindo, reveló un panorama desolador donde la corrupción política y el asedio criminal convergen contra las comunidades indígenas.
Desplazamiento y temor: El saldo de la violencia
A pesar de la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército en algunas zonas, el retorno a los hogares no ha sido total. Galindo estima que cerca del 50% de los habitantes de diversas localidades permanecen desplazados por temor a nuevos ataques,.
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En la comunidad de Tula, aproximadamente 280 familias se han dispersado hacia otras regiones tras ser víctimas de ofensivas con drones y ametralladoras.
“La mayoría ya no regresaron por el temor de que vuelva a suceder y vuelvan a atacar a la comunidad”, explicó Galindo, subrayando que quienes intentaron volver encontraron sus viviendas saqueadas o reducidas a cenizas.
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Acusaciones de corrupción en Chilapa
Una de las denuncias más graves presentadas durante la conversación señala directamente a la administración municipal de Chilapa. Según el promotor del CIPOG-EZ, la presidenta municipal ha retenido los recursos del Ramo 33, destinados originalmente a infraestructura básica como escuelas, centros de salud y pavimentación,.
Galindo sostiene que estos fondos, que oscilan entre 2 y 3 millones de pesos anuales por comunidad, están siendo desviados para fortalecer a grupos delictivos,. “Ocupan (los recursos) para pagar sicario, lo ocupe para comprar armamento, drones y que sigan atacando y desplazando a los pueblos”, afirmó contundentemente.
Además, destacó un presunto conflicto de interés, señalando que la alcaldesa es cuñada de líderes de grupos criminales que operan en la región.
Una década de impunidad
La crisis no es reciente; Galindo denunció que durante los últimos 10 años han contabilizado 82 asesinatos y 25 desapariciones de integrantes de sus comunidades. Criticó la inacción del Congreso Local de Guerrero y del Gobierno Federal, calificando la situación como un “crimen de lesa humanidad”,.
Incluso denunció que sectores de la iglesia y autoridades locales han intentado "minimizar" la gravedad del desplazamiento, sugiriendo que los propios habitantes quemaron sus casas, versión que el activista rechaza tajantemente.
Ante la falta de respuestas institucionales, se espera que este viernes una misión civil internacional de observación de derechos humanos y periodistas visiten la Montaña Baja para documentar los hechos y visibilizar la crisis que afecta a los pueblos indígenas de Guerrero.